Contralor General Edgardo Maya a Gobernador de Sucre pide informe sobre pagos a IPS  involucradas en “cartel de enfermos mentales”

Después de los hallazgos evidenciados por la Contraloría General de la República en la Gobernación de Sucre, y que dieron origen al llamado “Cartel de Enfermos Mentales”, el Contralor General Edgardo José Maya Villazón ofició al actual Gobernador Edgar Martínez Romero, para que presente informe sobre los dineros que dicha Gobernación adeuda a las IPS posiblemente involucradas en los hallazgos.

Como se ha venido informando, la Contraloría General de la República practicó auditoría a los recursos del Sistema General de Participaciones asignados al Departamento de Sucre en la vigencia 2015, y como resultado de la auditoría adelantada, se establecieron hallazgos relacionados con irregularidades en el reconocimiento y pago a diferentes IPS por la supuesta internación y tratamiento de enfermedades mentales y drogodependencia, pagos que habrían estado soportados en documentos y firmas falsas.

La Contraloría General de la República pudo determinar que, además las sumas ya pagadas a las IPS en la vigencia 2015, y que habrían podido ocasionar un posible detrimento patrimonial en cuantía de más de $3 mil 173 millones de pesos, existirían ya radicadas ante la Gobernación y pendientes de pago, millonarias cuentas a favor de las mismas IPS por servicios prestados también en las vigencias anteriores, pero soportadas en facturas que al parecer, contendrían inconsistencias similares a las detectadas por la Contraloría en la mencionada auditoría.

En la solicitud elevada por el Contralor Maya Villazón, pide además al Gobernador de Sucre informar sobre los mecanismos implementados para controlar los pagos y detectar eventuales inconsistencias, que le permitan garantizar la correcta inversión de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados para el sector salud.

De igual forma, el Contralor General de la República le reiteró al Gobernador, el deber de todo servidor público de denunciar ante las autoridades competentes, cualquier hecho del que tuviere conocimiento y que pudiera constituir delito, contravención y en general, cualquier irregularidad, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales vigentes, deber de especial relevancia para quienes detentan una investidura como la del señor Gobernador.

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