Contraloría adelanta 4 procesos de responsabilidad fiscal, por $14 mil millones en el Atlántico

La Contraloría General de la República, adelanta cuatro procesos de responsabilidad fiscal emblemáticos, en el departamento del Atlántico, por la suma de más de $14 mil millones, de acuerdo al balance que realizó esta entidad en una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que tuvo lugar en el Auditorio de la Gerencia Departamental Atlántico, en la calle 70 No 52-29 piso 2.

En donde se analizaron los procesos tienen que ver con contratos de Electricaribe donde no se ejecutaron las obras correspondientes (de los Convenios Prone 2008, 2011 y 2012 y el proyecto “Tiquisio Segunda Etapa”).

Adicionalmente, un proceso de responsabilidad fiscal por obras pactadas y no realizadas para la reposición del Sistema de Acueducto del municipio de Palmar de Varela y otro por incumplimiento de los diseños y especificaciones técnicas de viviendas de interés social del municipio de Baranoa.

En cuanto al control fiscal participativo, uno de los resultados más relevantes es donde se detectaron presuntos daños fiscales por más de $1.300 millones, por manejo irregular de recursos transferidos a ligas deportivas.

Los casos más relevantes de la gestión de la Contraloría General de la República en el departamento del Atlántico, se resumen de la siguiente manera:

Caso 1. Municipio De Palmar De Varela

Los hechos de manera resumida tienen que ver con que la Alcaldía Municipal de Palmar de Varela (Atlántico), suscribió un contrato por un monto de $ 3.220.675.127, más “otro sí”, por un valor de $ 35.000.000, para un gran total de $ 3.255.675.127, cuyo objeto consistía en la reposición de las redes del sistema de acueducto, optimización y ampliación de las redes de alcantarillado sanitario existentes, adecuación y rehabilitación de la planta de tratamiento de este municipio.

  • Cuantía: $3.255.675.127
  • Entidad afectada: Municipio de Palmar de Varela
  • Estado: Proyecto de Fallo

Caso 2. Ministerio De Minas y Energía

En ejercicio del control de gestión y resultados, se observó que ELECTRICARIBE S.A E.S.P., suscribió el 15 de septiembre de 2014 el contrato No. 4114000257 para ejecutar el proyecto “TIQUISIO SEGUNDA ETAPA”, en el municipio de Tiquisio (Bolívar), por $3.797.1 millones de pesos, incluyendo replanteo.

  • Cuantía: $3.797.1 millones de pesos
  • Entidad afectada: Ministerio de Minas y Energía
  • Estado: Etapa Probatoria

Caso 3. Ministerio De Minas y Energía

El plazo final para la construcción y puesta en operación de los proyectos autorizados a través del Convenio PRONE 2008, culminó el 19 de diciembre de 2014, de suerte que los contratos suscritos a su vez por el Operador de Red ELECTRICARIBE S.A. E.S.P para la ejecución de las obras, se encuentran vencidos, sin que estos se hayan ejecutado.

En cuanto a los contratos correspondientes a PRONE 2011 y 2012, al igual que los contratos con recursos del FAER 2012 el plazo de ejecución pactado por el Operador de Red con sus contratistas se encuentra vencido sin que se hayan ejecutado las obras derivadas de los proyectos autorizados por el Ministerio de Minas y Energía; sin embargo, los recursos fueron cancelados a los contratistas sin que se acredite la inversión social proyectada y los fines previstos con la contratación.

  • Cuantía: $6.078.000.000
  • Entidad afectada: Ministerio de Minas y Energía
  • Estado: Etapa Probatoria

Caso 4. Municipio de Baranoa

Hechos: Con el fin de hacer una revisión de las obras ejecutadas, se llevó a cabo inspección visual de las viviendas de interés social rural del municipio de Baranoa; se pudo establecer incumplimiento en cuanto a los planos de diseño de especificaciones técnicas y demás documentos presentados y aprobados para la ejecución del proyecto de vivienda teniendo el grado de vulnerabilidad sísmica de las viviendas.

  • Cuantía: $1.007.750.718
  • Entidad afectada: Municipio de Baranoa
  • Estado: Proyecto de Fallo

Ejercicio destacado de control fiscal participativo

Como resultado de la auditoría de Control Excepcional, la Contraloría General de la República constituyó 42 hallazgos administrativos, de los cuales 21 corresponden a hallazgos con alcance fiscal en cuantía de $1.313 millones; así mismo 23 tienen posible alcance disciplinario y 11 posible incidencia penal; y se dio lugar al inicio de 9 Indagaciones Preliminares y 2 Procedimientos Administrativos Sancionatorios Fiscales, se dieron 3 traslados a otras instancias y se obtuvieron 3 beneficios de auditoría por más de $33 millones.

Por el impacto de los hallazgos fiscales, la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en el Atlántico decidió trasladar los procesos de Responsabilidad Fiscal al nivel central, donde se surtirán los trámites pertinentes, con carácter prioritario.

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