Mintrabajo: Hay mérito para sancionar a Uniautónoma por no pagar salarios

Recomiendan una segunda sanción porque no cumple con los aportes de riesgos laborales.

El Ministerio de Trabajo concluyó, al formularle cargos, que hay “pruebas fehacientes” y “mérito suficiente” para sancionar a la Universidad Autónoma del Caribe por no pagar oportunamente los salarios y los aportes de seguridad social a sus empleados.

Emisora Atlántico y Zona Cero.com conocieron el texto del Auto 197, del lunes 5 de febrero, en el que la Coordinadora del Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control, Iliana Cabarcas Gutiérrez, concluye que, tras las averiguaciones preliminares y la recolección de pruebas ordenadas, la Inspectora de Trabajo, Octaviana Celedón López, halló que, efectivamente, la entidad universitaria “viene incumpliendo en los pagos de salarios de los trabajadores y los aportes a la seguridad social”.

Expresa el documento que en la indagación administrativa, iniciada tras una querella interpuesta por el Sindicato de la Uniautónoma y la central obrera CUT, fue practicada una visita, el 24 de enero pasado, y en ella el apoderado de la institución investigada manifestó que “el motivo del incumplimiento se debe a la situación financiera que está atravesando la Universidad Autónoma”; se lee además que “en las pruebas recaudadas se evidencia la mora en el pago de salarios y en los aportes a la seguridad social”.

El Auto 197 sustenta que con las averiguaciones preliminares adelantadas ha sido posible determinar “la existencia de una falta o infracción” y precisa que han recaudado los elementos de juicio que permiten determinar la “existencia de mérito suficiente para incoar una investigación administrativa laboral, eficaz y efectiva” en el proceso contra Uniautómoma.

Puntualiza el documento que por ser de trámite contra la decisión de sancionar a la Uniautónoma “no procede recurso alguno”.

De acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, a la entidad universitaria le pueden imponer una multa de uno a cinco mil veces el salario mínimo mensual vigente, según la gravedad de la infracción, es decir de 781.242 pesos hasta 3.906 millones de pesos.

EN RIESGO LABORAL

Paralelamente a la decisión de imponerle una sanción, hay otro proceso del Ministerio de Trabajo contra la Autónoma por no pagar los aportes de riesgos laborales, lo que deja en estado de vulnerabilidad a los empleados en caso de sufrir un accidente.

Emisora Atlántico y Zona Cero.com conocieron que, a través del Acto Comisorio 0198 del 2 de febrero, el director territorial del Mintrabajo, Elverth Santos Romero, designó a la inspectora de trabajo Marly Sarmiento Ahumada para que verificara el cumplimiento de las normas de riesgo laboral y en salud ocupacional.

Es mismo día, el viernes pasado, la inspectora Sarmiento fue a la Universidad Autónoma, teniendo en cuenta que el auto comisorio debía asumirlo de manera inmediata. A las 2:30 de la tarde la delegada ministerial llegó al alma mater y allí un supervisor y un auxiliar de seguridad, Udel Peinado y Orlando Charris, respectivamente, le manifestaron que con motivo de la Guacherna del Carnaval habían trabajado hasta las 2:00 de la tarde y le dijeron que “no había ningún funcionario administrativo que pudiera atender la visita”, señala el acta que levantó la Inspectora.

El lunes a las 9:00 de la mañana la funcionaria ministerial volvió a la Universidad Autónoma y fue atendida por el Gerente de Talento Humano, Ricardo González Osorio, y la Coordinadora de la Salud y Seguridad en el Trabajo, María Fernanda Barros Ramos, con quienes realizó un recorrido por las instalaciones universitarias, de la calle 90 con carrera 46.

El acta elaborada por la inspectora Sarmiento Ahumada dice que todos los extintores contra incendio “se encuentran vencidos desde agosto y noviembre de 2017” y detalla que “las alarmas utilizadas para emergencia están fuera de servicio”.

El documento dice que sí hay señalizaciones en las áreas de las escaleras, que las rutas de evacuación están señaladas por todas las áreas y que hay señalización sobre riesgos eléctricos. González y Barros también entregaron otros documentos que muestran que la Autónoma cuenta con una política de seguridad y salud en el trabajo, que existe un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y que hay un presupuesto para este; igualmente que está conformada la brigada de emergencia desde 2016 y que están en proceso de evaluación e implementación de los riesgos psicosociales.

Describe el acta del Ministerio de Trabajo que, de acuerdo con la información recibida,  la Universidad Autónoma cuenta con 1.132 trabajadores, discriminados de la siguiente manera: 739 administrativos (403 hombres y 336 mujeres); 158 trabajadores operativos (132 de ellos hombres y 26 mujeres); 235 profesores catedráticos (175 hombres y 60 mujeres); hay 6 mujeres en licencia de maternidad hay 14 gestantes y 3 empleados con discapacidad.

¿OTRA SANCIÓN?

En la inspección, el Ministerio se encontró con otro escenario complicado en materia de pagos. Constató que “el último pago registrado en el Sistema de Seguridad Social Integral es del mes de octubre de 2017”, pero no la pagaron a todos y quedaron por fuera 377 empleados.

Dice el Ministerio que verificó que en noviembre no registraron el pago de la seguridad social a 1.005 trabajadores y en diciembre no se la pagaron a 1.492 trabajadores.

Cuando el Ministerio del Trabajo pidió el diagnostico de salud que debieron hacerles el año pasado a los trabajadores, este informe no fue entregado. La Coordinadora de la Salud y Seguridad en el Trabajo pidió un plazo para presentarlo y le fueron concedidos 10 días hábiles para que hacerlo.

Dice el acta que en ese momento de la diligencia al Gerente de Talento Humano dijo que estaban realizando todas las acciones pertinentes, ante la banca nacional e internacional, para conseguir los recursos que les permitan pagar los aportes de la seguridad social y los salarios adeudados; el funcionario consideró que dichos incumplimientos eran parte de una “situación coyuntural que está próxima a solucionarse”.

Tras la visita, la inspectora Marly Sarmiento elaboró el informe 1161 dirigido a Elverth Santos. En este detalla toda la labor cumplida, lo bueno y lo malo que encontró, y finalmente en las observaciones y/o recomendaciones puntualiza: “Concluida la etapa de averiguación preliminar, se considera que hay mérito para iniciar procedimiento administrativo sancionatorio, salvo mejor criterio”, es decir deja en manos del Director Territorial del Ministerio de Trabajo una decisión sobre el grave incumplimiento de la Universidad Autónoma al no pagar los aportes de riesgos laborales, lo cual debe ser sancionado según las normas legales.

@JoseGranadosF

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