Sacerdotes de Colombia y Venezuela firman declaratoria para ejercer acciones pastorales en defensa de los migrantes

A través de una reunión, Sacerdotes de Colombia y Venezuela analizan y buscan acciones pastorales conjuntas que ayuden a solventar la crisis que crece cada día en la zona de frontera.

Este encuentro se realizó en Puerto Carreño, en las instalaciones de  Ceres Uniminuto. Asistieron por Colombia: Monseñor Joselito Carreño Quiñónez, Vicario Apostólico de Inírida; Monseñor Raúl Alfonso Carrillo Martínez, Vicario Apostólico de Puerto Gaitán, Monseñor Francisco Ceballos Escobar; Monseñor Héctor Fabio Henao, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social – Caritas Colombia; y por Venezuela: Padre Dagoberto Zambrano, representante de la diócesis de San Fernando de Apure, y el padre Félix Brito, del Vicariato de Puerto Ayacucho.

Luego de la reunión, los presentes emitieron una declaratoria en la que manifestaron con gran preocupación la creciente oleada de migrantes a las ciudades fronterizas como Puerto Carreño y Puerto Inírida.

“La llegada de ciudadanos de Venezuela no se va a detener. La magnitud que ya tiene la crisis venezolana y, sobre todo, las mínimas posibilidades para que se resuelva o minimice en el corto plazo, podrían desbordar nuestras precarias estructuras de acogida y las posibilidades de ofrecer una mínima ayuda”.

La misiva advierte que el crecimiento de inmigrantes está generando inseguridad, desconfianza  y en algunos casos xenofobia por parte de algunos pobladores, que ven en los venezolanos una amenaza al comercio, por lo que piden una mayor presencia del gobierno municipal y departamental.

“Aún, sabiendo de que esta tarea la deben asumir los entes gubernamentales, como Iglesia, tenemos la firme voluntad de acoger, escuchar y acompañar a nuestros hermanos venezolanos, de tal manera que puedan vivir con dignidad en este lado de la frontera que los acoge”, se lee en un comunicado emitido por el Episcopado.

Los sacerdotes pidieron a las jurisdicciones eclesiásticas, entidades públicas y privadas realizar un acuerdo de voluntades, que ayuden a incidir positivamente en la promoción integral de la población más vulnerable.

 

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