Contraloría advierte múltiples irregularidades en procesos de licenciamiento ambiental para proyectos de minería en el Cesar

Múltiples irregularidades, que generaron 36 hallazgos disciplinarios y 7 de carácter penal, encontró la Contraloría General de la República en una Auditoria de Cumplimiento a los Procesos de Licenciamiento Ambiental de los Proyectos de Minería de Carbón en la Zona Centro del Departamento del Cesar.

El organismo de control examinó desde febrero del presente año la gestión adelantada por la ANLA y Corpocesar, evidenciando marcadas debilidades en el cumplimiento de sus funciones de seguimiento, vigilancia y control, así como en su labor de autoridad para el licenciamiento y aplicación de los instrumentos ambientales.

La Contraloría detectó reiteradas fallas en las actividades de evaluación, seguimiento y control ambiental, y en la aplicación de las potestades sancionatorias en materia ambiental, por parte de ambas entidades.

Al realizar el estudio de varias licencias ambientales otorgadas, la CGR encontró que no se cumple a cabalidad en todos sus aspectos significativos con la normatividad vigente aplicable.

Esta situación genera riesgos o afectaciones a los recursos naturales y el medio ambiente, con los consecuentes impactos acumulativos, al no realizar en forma oportuna los seguimientos a los Proyectos de Minería de Carbón en la Zona objeto de análisis.

Al no hacer los debidos requerimientos, ante los incumplimientos presentados, no se implementan efectivas medidas tendientes a disminuir, controlar y compensar los impactos ambientales originados por la ejecución de los diferentes proyectos y programas, con lo cual resulta difícil evitar así la degradación del medio ambiente y de los recursos naturales.

Dilaciones injustificadas en los procesos sancionatorios

En cuanto al proceso sancionatorio ambiental aplicado se observaron deficiencias y debilidades en la aplicación del deber de punición que consagra la Constitución Política Colombiana en su Artículo 80, frente a los posibles daños ambientales por el incumplimiento de los actos administrativos emanados por la Autoridad Ambiental.

Lo anterior, se manifiesta en dilaciones injustificadas en el pronunciamiento de investigaciones de los procesos sancionatorios iniciados (algunas completan más de 7 años de inactividad).

También se observan conceptos técnicos que evidencian reiterados incumplimientos de los actos administrativos emanados por la Autoridad, sin que se haya aplicado la potestad sancionatoria, así como deficiencias en los mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte de la Entidad.

De igual manera, en el marco de su competencia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó debilidades en la evaluación, seguimiento y control a los permisos y licencias ambientales otorgados a las empresas mineras.

No se compensa el daño ambiental

En cuanto a las compensaciones ambientales adelantadas por las empresas titulares de los expedientes, se encontraron debilidades de control en el trámite de solicitudes realizadas para la implementación de medidas de compensación, y en el seguimiento y control por parte de ANLA para asegurar y garantizar el cumplimiento de los requerimientos legales y técnicos que se imponen como medidas compensatorias.

En esta medida, no se logra la reparación, compensación y restauración del daño ambiental ocasionado por las actividades mineras adelantadas, por cuanto no son visibles las acciones que favorezcan de manera eficiente y efectiva la recuperación de la cobertura vegetal, de los servicios eco-sistémicos prestados, y el mejoramiento de las condiciones de los ecosistemas afectados, lo que incide en el deterioro progresivo del entorno en el área de influencia de los proyectos mineros de carbón, por los impactos acumulativos presentados.

Otras situaciones detectadas

Así mismo, se encontraron inconsistencias en los trámites administrativos de sustracción adelantados por el Ministerio de Ambiente, de áreas correspondientes a la Zona de Reserva Forestal Serranía de Los Motilones, creada en virtud de la Ley 2 de 1959, esto como requisito previo para poder adelantar proyectos de minería de carbón.

Tal situación puede atribuirse a la falta de procedimientos y mecanismos efectivos de control al interior del Ministerio, que garanticen el adecuado trámite de las sustracciones de áreas de reservas forestales nacionales y el cumplimiento de las obligaciones impuesta en los actos administrativos por los cuales se autorizan las sustracciones de áreas, orientadas a su conservación y protección.

Sumado a lo anterior se tiene que en los títulos mineros otorgados por la autoridad minera, en los contratos de concesión, estas áreas son entregadas “como cuerpo cierto”; es decir, que el titular minero adquiere los derechos sobre estas áreas, las cuales no se encuentran debidamente delimitadas y determinadas. No obstante, se conoce que en el Atlas Temático de las Zonas de Reserva Forestal de Colombia Ley 2 de 1959, a escala 1:500.000, se encuentran definidos los limites oficiales de dichas áreas de reserva forestal.

No hay información precisa del impacto de las afectaciones ambientales

Transcurridas más de dos décadas de explotación minera en la región, no se tiene total certeza del aporte de contaminantes de los proyectos mineros sobre los receptores ni las afectaciones sobre la salud de los pobladores. Y agrava la situación, la inexistencia de información sobre los cambios en el recurso hídrico producto de la explotación minera. Tampoco hay una línea base para establecer la pérdida de biodiversidad en la región.

Todos estos elementos, marcan una tendencia en contra de la adecuada administración y protección de los recursos naturales y del ambiente. La CGR, observa la importancia de considerar estas variables y otras, producto del proyecto de regionalización para el ajuste de los PMA’s y evaluación de las solicitudes de Licencia Ambiental.

En cuanto a la gestión de áreas-fuente de contaminación en la Zona Centro del Cesar, la CGR observó incumplimiento de las metas para la reducción de la contaminación establecidas en el artículo tercero de la Resolución 2176 de 2007.

En el mismo sentido, a la fecha no se ha realizado modificación del Programa de Reducción de la Contaminación para las Áreas – Fuente de Contaminación Clasificadas en la Zona Carbonífera del Cesar.

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