En un comunicado los gremios del Atlántico ratificaron sus cuestionamientos al proceso de la fiscalía contra Inassa y consideran que dejar a Triple A en manos de la SAE, vía extinción de dominio, pone en riesgo la estabilidad financiera, administrativa y operativa de la empresa por lo cual representa una grave amenaza de perder la calidad de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo que han sido modelo a nivel nacional.
En la comunicación pública firmada por Rivaldo Plata presidente del gremio manifiestan que “lo procedente, si se comprueban los hecho punibles, es adelantar acciones para identificar las conductas ilícitas y a sus autores, e imponer las sanciones a que hubiera lugar, dejando la posibilidad del resarcimiento económico de los perjuicios sufridos por los afectados, en este caso Triple A y sus socios. Frente al actuar de personas naturales, puede existir responsabilidad patrimonial, no penal, de las empresas a las cuales estaban vinculadas”.
También consideran que “si se demuestra el daño, el único tipo de reparación aceptable para nosotros como usuarios de Triple A es la inversión en la empresa misma, que necesariamente redunda en un fortalecimiento del servicio. Que la nación se apodere de la empresa arbitrariamente y que además le entregue las acciones a la SAE, que no inspira confianza ni tiene ninguna capacidad de manejo de servicios públicos, resulta inconcebible para los sectores productivos de la ciudad y del departamento donde Triple A administra con lujo de competencia los de acueducto y alcantarillado en 15 municipios”.
Los gremios económicos piden de a reparación integral del daño presuntamente causado puede verse truncada por la decisión del ente investigador que priva a los posibles afectados del principal activo de Inassa y afecta también el buen nombre y normal operación de la Triple A, al tiempo que pone en tela de juicio la legalidad de los accionistas nacionales y extranjeros de dichas sociedades, que sin estar vinculados a los procesos, pueden verse “expropiados” vía extinción de dominio.”
Según Plata, dentro del proceso penal son viables las medidas cautelares como el embargo y secuestro de acciones, pero sin que eso implique que se tome posesión de una empresa vía extinción de dominio, que es propia de otro tipo de delitos que exigen un accionar diferente del Estado. Y menos aun cuando el proceso se encuentra en fases tan preliminares, sin haber culminado de forma condenatoria ni haber agotado todos los mecanismos de reparación de las victimas del proceso.
Por último, consideran que “si se configura la incautación a favor de la Nación de las acciones del socio operador de Triple A, se despoja de contera, también a Barranquilla y al Atlántico del manejo de un patrimonio invaluable, como se hizo hace 20 años con el sistema eléctrico regional. Por ello, el Comité Intergremial del Atlántico hace un llamado al Gobernador Eduardo Verano, al Alcalde Alejandro Char y a demás dirigentes políticos y sociales de la ciudad y del departamento a defender uno de sus mayores activos, que además es vital para su desarrollo presente y futuro.
