A través de un comunicado de prensa, La Federación Nacional de Departamentos, FND, y la Federación Colombiana de Municipios, FCM, solicitan al Gobierno Nacional enviar al Congreso de la República un mensaje de urgencia para tramitar, en la presente legislatura, el proyecto de ley No. 193 de 2018 Senado, que busca modificar la ley de Garantías, para impedir la parálisis del Estado en la antesala del proceso electoral que se avecina.
En el documento especifican que de no enviarse el mensaje de manera urgente, podría correrse el riesgo de que los términos que necesita la Corte Constitucional para la revisión de la nueva ley, una vez aprobada en la legislación ordinaria, obliguen a que esta entre en vigencia para el período electoral de 2022.
Dicha Ley de Garantías estableció la prohibición de vincular a la planta de personal de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial y de realizar contratación directa por parte de todas las entidades del Estado, con cuatro meses de anterioridad a las elecciones, circunstancia que hace que en los dos años consecutivos de comicios para elegir tanto al Congreso de la República cómo a las autoridades territoriales exista una parálisis del Estado, en ocho de 24 meses.
El objetivo del mencionado proyecto de ley, es superar la inconstitucionalidad sobreviniente o derogatoria tácita por falta de conformidad al derecho de la Ley 996 de 2005 o Ley de Garantías, al haberse eliminado la reelección presidencial, mediante el Acto legislativo No 2 de 2015.
Con esa iniciativa buscan que durante los cuatro meses anteriores a las elecciones, se puedan celebrar con las entidades del orden nacional y territorial convenios, restringiendo a los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital para celebrar convenios interadministrativos con entidades del mismo nivel territorial.
Para finalizar, la FND y la FCM ratifican su confianza en la voluntad del Congreso de la República y el Gobierno Nacional por acelerar el trámite del mencionado proyecto de ley.