Ante la demora del presidente Duque para sancionar la norma que reglamenta el funcionamiento de la nueva jurisdicción, la CPI tomó partido, dio un espaldarazo y pidió que se saque adelante el «marco legal definitivo» que necesita para operar.
Este miércoles, la Corte Penal Internacional se refirió a cerca de la discusión que hay en torno a la demora del Presidente Duque, para sancionar la ley que reglamenta el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). De un lado, hay quienes dicen que con el aval de la Corte Constitucional el proceso se puede llevar a cabo, pero hay otros que han pedido que se adjunte la ley estatutaria.
«Hemos aceptado que las medidas de justicia transicional que Colombia decidió adoptar podrían, si fueran implementadas y aplicadas adecuadamente, cumplir con los objetivos de rendición de cuentas, disponibilidad de recursos para las víctimas y contribución a la disuasión de crímenes futuros, previstos en el Estatuto de Roma. Hemos, por lo tanto, apoyado a la JEP, como el mecanismo clave de justicia transicional adoptado de conformidad con el acuerdo de paz», advirtió el vicefiscal, James Stewart.
El máximo tribunal internacional que juzga a los responsables de crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio, añadió que era fundamental definir el marco legal que le hace falta para que la JEP, funcione a cabalidad. De no ser así, el vocero delegado del tribunal argumenta que “esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones, es nuestro deseo que la Fiscalía y la JEP puedan establecer conjuntamente una distribución eficiente de trabajo y sinergias. A tal fin, observamos la importancia de que la JEP tenga un marco definido”.
El anuncio se conoció justamente 48 horas después de que el Fiscal General de la Nación Nestor Humberto Martínez realizó varios reparos a la ley y le pidió al Presidente Duque que tenga en consideración los siguientes puntos frente a la política criminal del Estado así como también los deberes internacionales: 1) El narcotráfico como delito de ejecución permanente. 2) La suspensión de investigaciones contra agentes del Estado y reinsertados. 3) La renuncia de la renuncia de la investigación penal de crímenes graves y 4) Las garantías de no repetición. Los mismos puntos que revisó la Corte Constitucional cuando adelantó el juicio de constitucionalidad de la ley.
No es la primera vez que el alto tribunal sale a defender procesos referentes a la justicia transicional que se originó mediante las negociaciones entre el gobierno y las FARC, «Permitan que los magistrados de la JEP hagan su trabajo. Apóyenlos en todos los aspectos que sean necesarios. La paz con justicia y la rendición de cuentas son formas eficaces de garantizar que la paz sea sostenible y duradera», aseguró el mismo vicefiscal en noviembre del año pasado.
