Con pitos y pancartas, un grupo de trabajadores administrativos del sector de la educación en el Atlántico, se tomó el edificio de la Gobernación para rechazar los embargos que se pueden presentar a cerca 100 empleados.
Los trabajadores están pidiendo un nuevo estudio técnico para que se levante esta medida cautelar, que se toma por parte de la administración departamental para presionar la devolución de los dineros que se pagaron hace algunos años dentro del polémico proceso de homologación salarial.
El dirigente sindical, Dialmiro Berdugo, precisó que en su momento fue la misma gobernación la que a través de estudios estableció la cantidad de dinero que se le iba a pagar a cada trabajador, y “ahora no pueden vía embargos intentar recuperar esos recursos”, enfatizó.
Son más de 400 millones de pesos, lo que considera la gobernación que se pagaron demás a los trabajadores.
