Con las acciones orientadas al control operativo en los colegios del departamento, los proyectos para disminuir el hacinamiento carcelario, optimizar el sistema penal oral y mejorar el equipamiento de la Policía Metropolitana de Barranquilla (Mebar) y el Departamento de Policía del Atlántico (Deata), la Gobernación del Atlántico avanza en el cumplimiento de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para garantizar el respeto de los derechos humanos en los municipios del Área Metropolitana.
“La Gobernación y la Policía están haciendo todos los esfuerzos para superar las situaciones de microtráfico en los colegios y las pandillas juveniles, por eso, no hay que bajar la guardia, debemos hacer seguimiento y seguir trabajando”, indicó la defensora del Pueblo, Gloria Lamus.
El secretario del Interior, Guillermo Polo Carbonell, manifestó que en el caso de niñas, niños y adolescentes expuestos a sustancias psicoactivas, la Administración Departamental ha presentado una estrategia de control operativo e intervención situacional y social en 89 colegios del Atlántico.
También se presentó a la Defensoría del Pueblo los proyectos encaminados a optimizar el sistema penal oral, mejorar el tema de hacinamiento en las carceletas de las Unidades de Reacción Inmediata (URI), las nuevas unidades para Sabanalarga y Soledad y la articulación, con la Fiscalía, para revisar los modelos de gestión de estas URI.
“Con estos proyectos se da cumplimiento a las recomendaciones que hizo la Defensoría del Pueblo y que se han atendido con prontitud”, precisó Polo Carbonell.
Agregó que la inversión en seguridad ciudadana y justicia para este cuatrienio es de $181.00 millones destinados a equipamiento automotor, Infraestructura de policía y justicia, tecnología y comunicaciones.
El seguimiento de la Defensoría del Pueblo se hizo en el marco de la reunión de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT) que entregó recomendaciones para implementar acciones integrales frente a la advertencia de un riesgo alto o medio de violación de los derechos a la vida, a la integridad, libertad y seguridad personal e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
