A través de una Carta Abierta dirigida a la gobernadora Elsa Noguera y al rector de la Universidad del Atlántico, Jorge Restrepo,estudiantes de ese centro de educación superior le pidieron acciones urgentes para adecuar el proceso educativo a los tiempos de COVID-19, además de garantías académicas y financieras para el estudiantado.
«La pandemia del coronavirus ha modificado sustancialmente nuestra forma de percibir la sociedad en que nos ha tocado vivir. Somos testigos excepcionales de cambios profundos que implican la necesidad de adaptarnos a las nuevas circunstancias. La educación no es ajena a dichas circunstancias y tiene que ser repensada en los términos que hasta ahora la concebíamos», expresa la carta de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU).
«Hasta hoy, de manera especial, la educación superior se ha movido o desarrollado desde una concepción presencial y se ve forzada a asumir abruptamente el tránsito hacia la virtualidad sin que estuviésemos preparados para ello y sin tener presentes variables como la de la situación socioeconómica del núcleo familiar de los estudiantes que se benefician de ella, los atrasos en materia de conectividad en lo que se ha denominado la brecha digital y la inexistencia en muchos hogares de la tecnología mínima para abordar procesos de formación de manera virtual», agrrega la comunicación..
Es así como los estudiantes expresaron una serie de propuestas, en armonía con lo decidido ya por otras instituciones del país como las universidades de Medellín y del Norte y las pusieron en consideración «para su estudio y adopción como políticas públicas».
Proponen los estudiantes «el cambio transitorio y excepcional, entre otros, de los métodos de enseñanza y de evaluación a tal punto de hacerlas compatibles con las metodologías flexibles propias de formas de enseñanza asincrónicas. En este sentido proponemos sobre todo un tránsito en el método de calificación de lo cuantitativo hacia lo cualitativo para posibilitar que el promedio de los estudiantes no se vea afectado ante la incipiente exploración de la virtualidad como alternativa educativa».
Igualmente proponen que el Departamento y la Universidad se encarguen de garantizar, con la participación del Ministerio de las TICs, la suscripción de contratos con empresas de telecomunicaciones que faciliten de manera subsidiada el acceso de estudiantes que no cuentan con ello a provisión de servicios de internet y equipos de computación o celulares entregados en calidad de comodato o préstamo. «Entendemos, que la virtualidad no puede ser una alternativa excluyente que viole el derecho adquirido que tienen todos los estudiantes, indistintamente de su origen y condición socioeconómica a educarse».
También solicitan la implementación o puesta en marcha del programa de alimentación, otorgando a los estudiantes más vulnerables, previo estudio y veeduria de los entes competentes y el estudiantado, a través de mercados que le permitan atender sus responsabilidades académicas sin tener que preocuparse sobre cómo procurarse los alimentos que requieren para su subsistencia, advirtiendo que los estudiantes de menores ingresos, no deben ser colocados en la disyuntiva entre estudiar o dejar de comer para pagar internet.
«Tal medida es una forma de concreción del Estado Social de Derecho en el sentido de otorgar un tratamiento preferencial a la población en condiciones de vulnerabilidad y de debilidad manifiesta y puede permitir alivianar la asfixia en la que en el tercer país más desigual del mundo viven muchas familias en la actual coyuntura», señala la misiva.
Agrega además que «en el evento, excepcional de que no se puedan adoptar las anteriores medidas, pero sin excluir que puedan concurrir, solicitamos garantizar que los estudiantes que no puedan cursar este semestre, debido a la concurrencia de varias de las circunstancias anotadas o como consecuencia, simplemente, de haberse desplazado de la ciudad a centros rurales, el que una vez normalizada la situación sean exonerados de todo tipo de pagos por reintegro o cualesquier otra sanción similar»
En el mismo sentido, solicitan los estudiantes, con posterioridad a la superación de la situación de crisis, el congelamiento de pagos por concepto de matrícula en pregrado y postgrado y que los costos que no ascienden a más de 15 mil millones de pesos, sean asumidos total o parcialmente a través de traslados presupuestales u otra figura por la Gobernación.
«Finalmente consideramos que la profunda crisis de orden social que ha generado la pandemia, amerita un abordaje por la Universidad que implique flexibilidad, solidaridad y un marcado sentido de responsabilidad social. El Atlántico y su universidad, tienen que ser líderes en iniciativas de tipo inclusivo y garantista en favor de sus estudiantes. Muchas de las familias de nuestros estudiantes dejaron de percibir ingresos y el impacto de esa situación puede ser devastador en las expectativas de estudio para la superación personal y social de miles de estudiantes. Los estudiantes desean continuar su proceso de formación pero a ello se oponen otros gastos que en el orden de prioridades vitales rezagarían a la Universidad. La Universidad por tanto debe concurrir en función de garantizar, hasta donde le resulte posible, que los estudiantes no abandonen forzadamente sus sueños y sus metas de realización», puntualiza la carta.
