El trabajo liderado por la Delegada para las Finanzas Criminales, desarrollado de manera articulada por las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, permitió impactar una organización criminal presuntamente dedicada a ingresar textiles de contrabando al país.
El mega operativo, desplegado en 36 municipios, ubicados en 17 departamentos, contó con el apoyo del CTI, la Dijin de la Policía y la Dian, y permitió la judicialización 20 presuntos integrantes de la red ilegal.
Labores de policía judicial, como las búsquedas selectivas en bases de datos, interceptación de comunicaciones, inspecciones a procesos, labores físicas de verificación a empresas, evidenciaron que los procesados, varios de ellos integrantes de una misma familia, habrían incurrido desde 2009 en actividades relacionadas con el contrabando de prendas y accesorios de vestir.
Los análisis contables, patrimoniales y financieros de los procesados, permitieron establecer movimientos de dinero que podría estar relacionado con delitos como el lavado de activos y enriquecimiento ilícito, al parecer, cometidos por personas aparentemente relacionadas con la sociedad conocida como Tierra Santa.
Según la investigación la red ilegal realizaba operaciones simuladas de importación y compra de mercancía proveniente principalmente de Panamá y Ecuador. También se logró establecer que la organización ilegal cuenta con una empresa en Barranquilla, 29 sucursales en el territorio nacional y 62 empresas asociadas.
Los procesados deberán responder en juicio por los delitos de lavado de activos agravado, contrabando agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir agravado.
De otra parte, y con el fin de afectar las finanzas de la red de contrabando, fiscales de la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio, impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 58 inmuebles, 20 sociedades, 65 establecimientos de comercio, 953 semovientes y 14 vehículos. El valor de los activos afectados superaría los 1,2 billones de pesos.
Los bienes afectados serán entregados por la Fiscalía a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
