A comienzos de la última década del siglo pasado la Costa Caribe padeció por cuenta de los atentados terroristas de la guerrilla contra las torres eléctricas, lo cual se frenó por la movilización social que lideraron ciudadanos, empresarios y medios de comunicación, en contra de esa práctica letal.
Por más de veinte años vivimos una aparente tranquilidad en la prestación del servicio eléctrico, cuando en verdad se estaba cocinando la más dura prueba de ineficacia e ineficiencia institucional en contra del progreso económico y social del Caribe.
Una situación contraproducente fundamentada en la consolidación del cartel de la generación hidroeléctrica, los costos altos al usuario, la falta de planeación, el inadecuado manejo del cargo por confiabilidad, la escasez de gas natural, la ausencia del Ministerio de Minas y Energía en la adopción de una política pública energética, el paquidérmico papel de la Creg, y más recientemente las demoras para reglamentar la ley 1715 de energías limpias, que en otros escenarios mundiales es la gran revolución para satisfacer las necesidades de los usuarios de los sectores productivo y residencial.
Pese a los anuncios oficiales y las reiteradas manifestaciones de buena voluntad del Presidente Juan Manuel Santos, el panorama eléctrico de la Costa Caribe no es el mejor y la Región está expuesta a una crisis de graves repercusiones sociales y económicas.
Con la irregularidad del servicio en poder de Electricaribe bajo el manejo mayoritario de inversionistas españoles (85% Gas Natural Fenosa y 15% la Nación), se acumularon factores como la elevada deuda del sector público, el no pago de los subsidios de los estratos 1 y 2 de la población, el incremento de los fraudes, el elevado volumen de pérdidas técnicas y la baja inversión en la modernización del sistema de distribución y transmisión regional, que terminaron por crear la incertidumbre y la insatisfacción popular más palpable de las dos últimas décadas, con alteración permanente del orden público desde mediados del año 2013.
Varias veces he contado esta historia, pero cada vez que escribo sobre ella reafirmo que el contexto es fundamental para que se interpreten cabalmente el origen y razones de nuestra persistente protesta e incomodidad con quienes manejan el sector y la administración central del Estado.
Hemos tenido unos días de espera, dándole tiempo a la evolución de la intervención que el Gobierno Nacional hizo de Electricaribe en cabeza de la Superintendencia de Servicios Públicos. Creímos que el asunto sería más esperanzador pero la conclusión es que el vidrio se empaña más de lo que estaba. ¿Por qué?
El Gobierno designó al abogado Javier Lastra Fuscaldo como agente especial para la intervención de Electricaribe, con toda la potestad para definir el futuro de esa empresa dentro de los términos legales como ha ocurrido en otros frentes en donde ha actuado con múltiples cuestionamientos a su labor, como consta en las instancias judiciales y disciplinarias correspondientes. Todo indica que la historia de otras latitudes se repetirá con Electricaribe.
En Colombia el esquema institucional del sector eléctrico es de mercado regulado y mercado no regulado. El mercado regulado es el directamente contratado y servido por compañías de distribución, compuesto por usuarios industriales, comerciales y residenciales con demandas de energía inferiores a 55 MWh. En este mercado, la estructura de tarifas es establecida por la agencia reguladora CREG.
A su turno, un “Usuario No Regulado es una persona natural o jurídica con una demanda máxima superior a un valor en MW o a un consumo mensual mínimo de energía en MWh, definidos por la CREG, por instalación legalizada, a partir de la cual no utiliza redes públicas de transporte de energía eléctrica y la utiliza en un mismo predio o en predios contiguos. Sus compras de electricidad se realizan a precios acordados libremente entre el comprador y el vendedor”, según el portal energético www.xm.com.co (XM es una empresa filial de ISA que es la operadora del sistema interconectado nacional).
Entendimos que el proceso de intervención se daba para salvar a Electricaribe pero la carta que el señor Lastra está enviando a los clientes no regulados parece significar el lastre para terminar de hundir a la empresa y darle cristiana sepultura en el más doloroso y triste final para ella.
La excusa es que Electricaribe no está en capacidad de atender ese mercado, primero porque no genera y segundo porque no ha comprado la energía que esa demanda requiere. En términos de ingresos, los no regulados son los clientes más importantes de Electricaribe y si sale de ellos pierde un fuerte colchón financiero. Grandes centros productivos, municipios, hospitales, colegios y otras instituciones por el estilo estarían sin el servicio a partir del primero de enero de 2017. Colapso social indiscutible.
En el país, hace diez años los clientes No regulados representaban el 57 por ciento de la demanda de energía eléctrica entre consumidores comercial, industrial, oficial y otros. A enero de este año la industria, el comercio y otros tienen algo más del 60 por ciento de la demanda de los No regulados. Ha experimentado un ligero crecimiento. Su peso es indiscutible dentro de la canasta.
A la luz de lo que está ocurriendo, creemos que el papel del agente interventor está terciando hacia la desaparición de Electricaribe, para servirle el mercado de regulados y no regulados a otro grupo empresarial nacional o extranjero manejando quien sabe qué tipo de intereses.
Si el gobierno hubiese sido más responsable con la reglamentación de la Ley 1715 de 2014, en estos momentos el mercado del Caribe podría estar atendido por empresas generadoras de energías limpias sin estar abocado a la crisis que se presagia con la carta que Electricaribe transmite a los usuarios como la Zona Franca de Barranquilla y el Hospital de Valledupar, entre otros. El país estaría más armónico con lo que se establece en el nuevo Pacto Climático de París. Esperamos que el Gobierno del Presidente Santos actúe como espera la Región, sin que la intervención de Electricaribe resulte siendo un remedio peor que la enfermedad.
Por José David Name Cardozo
Senador de la República Partido de la U.
