El Estado colombiano es responsable por el exterminio de líderes, políticos y militantes del partido de izquierda Unión Patriótica (UP), quienes fueron asesinados, desaparecidos, amenazados, o tuvieron que exiliarse por la persecución que sufrieron desde la década de los ochenta. Así lo concluyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una sentencia que condena a Colombia y que le pone punto final a un proceso judicial que ha duró 28 años.
Uno a uno, el juez de la Corte, Ricardo Pérez Martínez, fue enumerando todos los derechos que violó el Estado en este capítulo de la historia colombiana que, según la propia instancia internacional, causó más de 6.000 víctimas, una cifra clave, pues hasta hoy no se tenía claro cuántas personas afectadas iba a reconocer la Corte. Según la sentencia, el Estado violó derechos a la vida, honra, libertad de expresión, circulación y residencia, así como el derecho a conocer la verdad de lo que sucedió con el exterminio.
Asímismo, el juez Pérez mencionó las medidas de reparación que tendrá que cumplir el Estado colombiano. Por ejemplo, deberá construir un monumento en memoria de las víctimas, así como varias placas en diferentes ciudades, para honrar a quienes resultaron afectados por el exterminio. El Estado también tendrá que organizar un acto público en el que deberá reconocer su responsabilidad y, en una decisión clave en este caso, deberá iniciar, impulsar y continuar con las investigaciones amplias y sistemáticas para conocer la verdad por las graves violaciones de derechos humanos. Para ello, tiene dos años.
*El Espectador
