El trabajo investigativo de la Fiscalía puso al descubierto un entramado criminal que, entre abril y agosto de 2014, presuntamente direccionó seis fallos en favor de particulares, que demandaron administrativamente a distintas entidades en el Atlántico.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó formalmente a la procuradora delegada Faicy León Mass por los delitos de concierto para delinquir
agravado y cohecho impropio; a la asesora del Tribunal Administrativo del Atlántico, María Milagros Navarro Lobo, por cohecho impropio y cohecho propio; y a los abogados Victoriano Apolinar Sierra Nerio, Yenny Bustamante Toscano, Yina Paola y Sindris María Benthan Arias, por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.
La investigación da cuenta de varios eventos en los que los procesados habrían intervenido.
Inicialmente, se conoció que los abogados, al parecer, le dieron 10 millones de pesos a un juez de Barranquilla y otra suma a una juez de Sabanalarga, a efectos de obtener una rápida y favorable decisión en un caso tramitado en esos juzgados.
Se estableció que María Milagros Navarro proyectó una sentencia, en la que el Tribunal ordenó a la Policía indemnizar a un grupo de personas, decisión que fue avalada por la procuradora Faicy León.
Al parecer, en estas actuaciones, medió la entrega de 12 millones de pesos.
En otro hecho la servidora del tribunal, presuntamente acordó que recibiría 20 millones de pesos, para promover un fallo en el que declarara responsable a la policía Nacional por el actuar irregular de un funcionario, el cual dejó a varias personas afectadas.
Asimismo se acreditó que la procuradora, habría intercedido en el aplazamiento del reparto de una decisión en segunda instancia, de tal manera que el expediente llegara a un juzgado que beneficiara los intereses de varios recicladores, representados por los abogados acusados, y que pedían no ser desalojados de un área de espacio público en la zona portuaria.
Finalmente tanto la procuradora como los abogados ofrecieron y entregaron un dinero a un funcionario judicial encargado de suscribir un fallo en primera instancia.
Aquí se acreditó que conocieron la decisión anticipadamente como garantía de que saldría a su favor y así poder desembolsar la suma pactada.
