La Procuraduría General de la Nación solicitó a las autoridades competentes un informe detallado sobre los avances en el cumplimiento de las órdenes judiciales dictadas en la sentencia que busca proteger los derechos de los caballos utilizados en actividades de tracción en Cartagena.
En la citada acción constitucional se argumentó la omisión de las autoridades accionadas en la adopción de medidas para controlar el uso de equinos en vehículos turísticos y se pone de presente el maltrato al que son sometidos.
En particular, la orden dispone, entre otros, que la Dirección de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) debe realizar exámenes médicos a todos los caballos registrados para certificar su estado de salud.
La Policía Nacional debe establecer un programa de vigilancia destinado a prevenir y detectar el maltrato animal.
La Secretaría Distrital de Ambiente, por su parte, debe garantizar el monitoreo constante de las condiciones de los caballos, asegurando que reciban los cuidados necesarios. Además, se debe habilitar una línea telefónica para que la ciudadanía pueda reportar casos de maltrato animal.
En este sentido, el Ministerio Público requirió la información de diversas entidades, entre ellas el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, La Dirección del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena (DATT), la Dirección del Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena (DADIS), Dirección de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) y a la Policía Metropolitana de Cartagena (MECAR).
