La Contraloría General de la Nación señaló que Prosperidad Social solo presentó información completa del 2,31% (25) de los 889 convenios interadministrativos relacionados con proyectos de la entidad.
Esta situación limitó significativamente la labor de la Contraloría en la revisión de recursos por un valor superior a los $2.4 billones.
En la muestra se seleccionaron convenios celebrados desde el año 2011 en adelante, que estaban vigentes o se liquidaron entre las vigencias 2020 y el primer semestre del 2024, sin embargo, Prosperidad Social solo aportó los documentos que actualmente reposan en la entidad, y no fue posible obtener información requerida para su análisis, ya que, según manifestó el DPS, dicha documentación no se encontraba en sus archivos y expedientes contractuales.
En consecuencia, no fue posible auditar el 83% de los convenios interadministrativos, ni la contratación derivada de los mismos, un hecho sin precedentes en la historia reciente del control Fiscal.
Aunque esto no signifique que los proyectos no se hayan llevado a cabo o que los recursos no se invirtieron adecuadamente, la Contraloría denunció la situación ante la Fiscalía General de la Nación.
Hallazgos de la Contraloría
Sobre los recursos auditados, el órgano evidenció deficiencias en los procesos de seguimiento y control a los convenios y contratos, relacionadas con el pago de mayores cantidades de obra, calidad de las obras, obras inconclusas, asignación de interventorías y retrasos en la ejecución de las mismas.
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No obstante, pese a la falta de información la Contraloría identificó 11 hallazgos con incidencia fiscal por un valor de $12.682 millones.
