El comité promotor por la revocatoria de mandato de la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, entregó este martes ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, sede Soledad, un total de 85 mil firmas ciudadanas que respaldan la solicitud de revocatoria.
Estas firmas fueron recolectadas por más de 200 comités barriales, conformados por ciudadanos que recorrieron cada rincón del municipio, escuchando el clamor de una comunidad que pide un cambio urgente en la administración local.
“A pesar de las amenazas, persecuciones y obstáculos, logramos esta recolección masiva. En algunos barrios, líderes comunales nos impidieron recoger firmas y en otros, nuestros voluntarios fueron víctimas de robos por parte de bandas criminales”, denunció Brayan Orozco Llerena, vocero del comité ‘Van pa’ fuera’.
Federman Vizcaíno, otro integrante del comité, expresó: “Hoy entregamos estas firmas que reflejan el sentir de un pueblo cansado de las promesas incumplidas y los escándalos de corrupción. Las obras prometidas no se ven y la comunidad exige respuestas”.
Según lo establecido por el Consejo Nacional Electoral, se necesita que al menos 25.500 firmas válidas sean certificadas —lo que equivale al 30% de los votos obtenidos por la alcaldesa en las elecciones— para dar paso al proceso de revocatoria.
“El objetivo no es otro que el bienestar de Soledad. Queremos que el municipio despierte y que, unidos, logremos erradicar la corrupción que ha frenado su desarrollo”, añadió Donny Martínez Ospina, también promotor de la iniciativa.
La Registraduría tendrá 45 días calendario para verificar la autenticidad de las firmas. Durante este periodo, se descartarán aquellas que presenten irregularidades como datos incompletos, duplicados o falsos.
Cabe recordar que este proceso fue formalmente inscrito ante la Registraduría Especial de Soledad, mediante la Resolución 15 del 13 de enero de 2025, reconociendo oficialmente al comité “Revocatoria de Mandato Van Pa’ Fuera” y a su vocero.
La revocatoria de mandato es un mecanismo de participación ciudadana consagrado en la Constitución de Colombia (art. 103) y regulado por las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, que permite a la ciudadanía exigir el cumplimiento de las promesas de campaña por parte de sus gobernantes.
