Autopistas del Caribe emitió este domingo un comunicado oficial en el que rechaza de forma categórica el bloqueo registrado ayer sábado en la estación de peaje Galapa, ubicada en jurisdicción del municipio de Baranoa (Atlántico). La protesta fue liderada por el Comité No Más Peajes junto a líderes sociales de la región, en medio de un clima de creciente inconformidad por las condiciones del contrato de concesión vial.
La empresa calificó la acción como un hecho que “interrumpe el normal desarrollo de la operación de la vía” y advirtió sobre sus consecuencias negativas para la conectividad, los usuarios y la viabilidad del proyecto. En su declaración, la concesionaria defendió su actuación dentro del marco legal y contractual, al tiempo que reiteró su compromiso con el diálogo.
Diez puntos en el centro del conflicto
El comunicado aborda uno a uno los señalamientos del Comité, comenzando por el proceso de concertación. Autopistas del Caribe aseguró que desde febrero se han realizado más de diez mesas de trabajo lideradas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), las cuales han dado lugar a acciones concretas como mejoras en señalización vial y tarifas diferenciales para vehículos de categorías I y II.
No obstante, la exigencia de tarifa cero fue rechazada por “no ser viable legalmente” bajo el contrato actual. La empresa recordó que la resolución 20253040010445 del Ministerio de Transporte fijó las tarifas en $2.650 para la categoría I y $5.100 para la II, incluyendo el aporte a FOSEVI.
Tampoco fueron acogidas las propuestas de nuevos descuentos a residentes o tarifas especiales de fin de semana. “No es posible aplicar descuentos adicionales sin comprometer la estabilidad financiera del proyecto”, se lee en el documento, que además menciona como antecedentes la suspensión del peaje en Turbaco y la no instalación del punto de cobro en Arroyo de Piedra.
Obras, empleo y responsabilidad social
En cuanto al avance físico del proyecto, Autopistas del Caribe argumentó que los bloqueos han impedido el cierre financiero necesario para iniciar obras como la doble calzada entre Caracolí y Baranoa. Aun así, la empresa asegura haber ejecutado mantenimiento rutinario y mejoras específicas en tramos críticos, incluyendo drenajes, reductores de velocidad, y señalización en sectores como Reina Catalina, el SENA y Pital de Megua.
Sobre el empleo local, indicó que 38 personas de Baranoa han sido contratadas (15,32% de la mano de obra local), y se prevé ampliar esa cifra en la fase constructiva. También destacó la consulta previa con la comunidad indígena Mokaná de Pital de Megua, hoy considerada un “aliado estratégico”.
Entre los compromisos sociales mencionados se encuentran donaciones de material para vías terciarias, jornadas educativas de seguridad vial, apoyo a festivales gastronómicos y formación empresarial en conjunto con el SENA.
Llamado al diálogo en contexto electoral
En su parte final, la concesionaria advierte sobre el riesgo de una eventual terminación anticipada del contrato debido al “clima de desinformación, confrontación y los intereses políticos” en medio del periodo preelectoral. “Hacemos un llamado a la moderación del discurso y a la responsabilidad colectiva”, puntualiza el comunicado.
