La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra 40 operadores de viviendas turísticas por presuntamente haber incurrido en irregularidades que habrían afectado los derechos a los turistas.
Esto después de haber analizado 452 quejas presentadas durante el 2024, provenientes de distintas partes del país.
En algunos casos los prestadores habrían efectuado afirmaciones falsas o inexactas ante las cámaras de comercio del país, al indicar que los inmuebles, donde se prestarían los servicios de vivienda turística, no se encontraban sometidos a un régimen de propiedad horizontal o que dicha actividad se encontraba permitida por el reglamento de la copropiedad de la que hacían parte, cuando no lo era así.
Por otra parte, se pudo evidenciar que personas naturales y/o jurídicas habrían prestado servicios de vivienda turística sin la respectiva inscripción o renovación del Registro Nacional de Turismo (RNT).
La SIC fue enfática en decir que los recursos recaudados por el RNT son para impulsar la competitividad y sostenibilidad del turismo en Colombia.
El inicio de estas investigaciones administrativas se concentró en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Cundinamarca.
Cabe resaltar que, una vez culminen estas investigaciones, y de llegarse a comprobar la infracción, la Superintendencia podrá imponer sanciones económicas, y la prohibición de prestar los servicios turísticos hasta por cinco años.
