Los retrasos en las obras de la Gran Vía se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para los habitantes de Puerto Colombia y las miles de personas que se movilizan por esa zona.
Las obras estaban paralizadas y se reanudaron este mes de julio.
Zona Cero y Atlántico en Noticias conocieron detalles de los reiterados incumplimientos del contratista.
Un primer contratista se encargó de la Unidad Funcional 1, que desde el año anterior fue entregada. Edubar S.A. fue la entidad encargada de contratar al Consorcio Corredor Vial UND F2, cuyo representante legal es César Caro Pinilla.
El Consorcio Corredor Vial Unidad F2 está integrado por las empresas:
– Compañía de Trabajos de Ingeniería S.A.S con el 50%.
– Planeta, Proyectos y Obras S.A.S, 45%
– Mavicón, Construcción e Ingeniería S.A.S, 5%.
El gerente de la obra es el megacontratista Javier Torres, a quien la Fiscalía investigó por el escándalo de Odebrecht. El ente investigativo tras 4 años citando a audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento al representante legal de la empresa Torrosa, por ser presunto responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado, cambió el curso de la investigación y decidió archivar el proceso.
Foto: Juan Pablo Mercado
Dicho contrato, el actual con el Consorcio Corredor Vial UNID F2, fue suscrito el 28 de noviembre de 2022, con un valor inicial por más de $94 mil millones.
La fecha de inicio del convenio fue el 13 de marzo de 2023 y tenía una terminación inicial del 13 de septiembre de 2024. No obstante, las obras empezaron a sufrir retrasos.
Sin embargo, se firmó una segunda prórroga hasta el 30 de junio de 2026. Teniendo un avance físico del 70.10%, Edubar ha pagado, con corte a 31 de mayo de 2025, la suma de $58 mil 271 millones 857 mil 443 pesos.
Esto representa un avance financiero del 61.52%, teniendo en cuenta que el valor del contrato es de 94 mil 720 millones 184 mil 400 pesos.
Proceso por presunto incumplimiento
Como parte del seguimiento a la ejecución del contrato, Edubar S.A. identificó una serie de incumplimientos contractuales que motivaron la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio conforme a lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
El 17 de diciembre de 2024, en las oficinas de Edubar se realizó una audiencia de descargos en la que el contratista presentó pruebas documentales y de mejoras implementadas.
El contratista entregó pruebas el 26 de diciembre de 2024, y posteriormente el 17 de febrero de 2025, solicitando la incorporación de material adicional.
El 11 de marzo de 2025 fue la fecha de terminación del procedimiento sancionatorio administrativo contractual con fundamento en los distintos descargos presentados, de acuerdo con las revisiones efectuadas y teniendo en cuenta el informe de fecha 10 de marzo del año en curso, «en el que la interventoría señala que el contratista subsanó cada uno de los hechos que motivaron el inicio de actuación administrativa».
Por lo anterior, fue suscrita una primera prórroga hasta el 30 de junio de 2025, pero este plazo tampoco fue cumplido por el contratista.
Foto: .Juan Pablo Mercado
Motivaciones del proceso de incumplimiento #2 – 12 de junio 2025
Zona Cero y Atlántico en Noticias conocieron que Edubar S.A inició el proceso contra el Consorcio Corredor Vial UND F2, por estos incumplimientos:
– Incumplimiento por los retrasos presentados en la ejecución del contrato superiores al 15% donde se detallan actividades como: redes eléctricas en ambas calzadas desde Plaza Campestre hasta la Universidad del Atlántico, instalaciones de red de agua potable en el tramo de Country Plaza hasta la avenida Tajamares en la calzada norte, excavación para instalación de redes de gas en el tramo de Country Plaza hasta la avenida Tajamares en la calzada norte, armado de acero y fundidas de muro en el deprimido, ejecución de fundida de vigas aéreas para el puente del deprimido, instalación de tubería de alcantarillado calzada sur en el tramo de la avenida Las Dunas y la Universidad Libre, y la ejecución del pavimento asociado a la no ejecución oportuna del retranqueo eléctrico y terminación de accesos a predios y boca calles en el tramo de Torres de Cádiz y la Universidad San Martín.
– Falta de cumplimiento de normas de seguridad industrial y salud ocupacional, incluyendo dotación y uso de EPP, y pago inoportuno de aportes al sistema de seguridad social.
– No entrega oportuna de permisos y documentos ambientales, entre ellos: permisos de tala y poda, inventario forestal actualizado, y medidas de compensación.
– Uso de maquinaria en mal estado y deficiencia de equipos en obra, afectando el avance del cronograma.
– Incumplimiento en aspectos técnicos y de calidad en la ejecución del pavimento y otras estructuras, así como omisiones en correcciones solicitadas.
Entre otros compromisos contractuales que venía incumpliendo.
Foto: Juan Pablo Mercado
Estos dos medios también conocieron que hubo dificultades técnicas, logísticas e institucionales en la ejecución contractual.
Coordinación con empresas de servicios públicos: Edubar indicó que la ejecución de obras eléctricas depende de la aprobación y programación de descargos por parte de Air-e, lo que ha limitado el avance conforme a su disponibilidad.
Por otro lado, el suministro de tuberías y accesorios por parte de Triple A S.A. E.S.P. condicionó el ritmo de ejecución de obras de espacio público.
«Aunque se ha entregado cerca del 90% de los materiales requeridos, el contratista presenta retrasos en empalmes y pruebas hidráulicas de las líneas de conducción en PEAD y red matriz PVC 24», explicó en un informe la entidad, agregando que esta última no estaba considerada dentro del proyecto original formulado.
Asimismo, señaló que el suministro y las conexiones de redes de gas solo pueden ser ejecutados por empresas certificadas, lo que sujeta los trabajos a la disponibilidad de estos proveedores, en especial en la calzada Norte del proyecto.
En lo que respecta a la zona del deprimido, de alta importancia dentro del proyecto, Edubar, en su informe ejecutivo, reporta durante las excavaciones, la presencia de conglomerado rocoso, «el cual no estaba descrito dentro de los estudios presentados por parte de la Gobernación del Atlántico al inicio del proyecto. Esto ha ralentizado las excavaciones, las cuales deben realizarse por niveles y en algunos casos con equipos de demolición».
También, la Gobernación del Atlántico culminó la negociación de los últimos 5 predios solo hasta el mes de abril de 2024, lo cual, de acuerdo con el informe, «restringió el acceso del contratista a ciertas áreas durante gran parte de la ejecución».
Otra dificultad fue que el corredor vial nunca ha estado cerrado completamente, lo que exigió ajustes permanentes a los Planes de Manejo de Tráfico (PMT).
«Estos deben ser aprobados de forma inmediata por la Secretaría de Tránsito de Puerto Colombia, lo que ha obligado a ejecutar la obra por etapas y ha impactado negativamente en la productividad general del proyecto», de acuerdo a lo señalado por Edubar.
El informe ejecutivo de la entidad además evidenció los retrasos en la obra, pues en los últimos meses no tuvo un rendimiento óptimo de la ejecución física dando motivos para la apertura del segundo proceso de incumplimiento, además de la suspensión de la ejecución del contrato de manera unilateral entre el 26 de mayo y el 18 de junio del presente año, por lo que la entidad requirió en distintas oportunidades el reinicio inmediato de las actividades informando a los entes de control para que acompañaran a la entidad en la gestión de reinicio de las obras.
Foto: Juan Pablo Mercado
«Una de las obras más críticas»
El Vicecontralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, se pronunció este martes sobre los retrasos en la ejecución de las obras de la Gran Vía, en el corredor universitario.
«Nosotros hemos hecho requerimientos a la Gobernación del Atlántico, porque aquí hay recursos independientemente que sean del Departamento o de la Nación. La Estrategia Compromiso Colombia hace interventoría a todas las obras que tienen problemas en el país. Y esta es una de las obras más críticas que tiene hoy el departamento del Atlántico, también como ente territorial, porque es una obra que lamentablemente no ha logrado cumplir los tiempos», indicó sobre el proyecto vial que está a punto de cumplir los tres años.
Aseguró que efectivamente esto va a ocasionar futuros sobrecostos en la ejecución de la obra.
«Las obras estructurales que debían hacerse en la primera etapa no se han hecho y efectivamente los costos de la obra van a variar. La Gran Vía no ha avanzado más del 30% de ejecución en la etapa 2, que es donde están ahora las obras paralizadas», puntualizó.
Trancones, accidentes, baja frecuencia del transporte público y dificultad en la accesibilidad a los inmuebles cercanos, son algunos de los impactos que se han sentido por la falta de agilidad de los trabajos.
La ciudadanía pide celeridad en las obras que actualmente es un verdadero martirio.
