El Ministerio de Salud dio a conocer el Decreto 0858 de 2025, mediante el cual se adopta un modelo de salud con enfoque preventivo, predictivo y resolutivo, alineado con la visión del Gobierno nacional en materia de política pública sanitaria. Esta iniciativa tendrá aplicación en todo el país e involucra a actores del ámbito distrital, departamental y nacional.
La nueva normativa vincula a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), prestadores de servicios públicos, privados y mixtos, proveedores de tecnologías en salud, la Superintendencia Nacional de Salud, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y demás instituciones del sistema.
El decreto incorpora elementos que estaban contemplados en la fallida reforma a la salud y establece que el Ministerio de Salud será la autoridad rectora del modelo a nivel nacional. A nivel territorial, departamentos, distritos y municipios asumirán el liderazgo en la implementación y ejecución del sistema.
Uno de los pilares fundamentales del modelo es la territorialización, entendida como un proceso para adaptar la atención sanitaria a las condiciones sociales, económicas y políticas de cada territorio. En este contexto, las autoridades locales podrán estructurar esquemas de atención orientados a prevenir enfermedades y resolver de forma eficiente las necesidades de salud de la población.
Como parte de la estrategia, el Gobierno anunció la creación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud. Estas estarán conformadas por entidades departamentales y distritales, con el objetivo de asegurar la calidad, equidad y continuidad en la atención. Las redes contarán con un nivel primario, integrado por Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas, privadas y mixtas, así como por los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps), además de profesionales independientes y operadores de transporte asistencial.
El nivel complementario de estas redes abarcará los servicios de mediana y alta complejidad, además del talento humano del sistema, operando en articulación con redes regionales y nacionales cuando sea necesario. Esta estructura permitirá garantizar la interconexión y coordinación entre los distintos actores del sistema de salud.
El decreto también subraya la importancia de los Caps, contemplados previamente en la propuesta de reforma, como eje para la atención preventiva. Las IPS deberán organizarse bajo esta figura para consolidar el enfoque propuesto por el Gobierno.
En materia laboral, el Ministerio de Salud trabajará de manera coordinada con el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Trabajo para avanzar en la formalización del personal de salud en un plazo de seis meses. Además, se promoverá la publicación de datos abiertos para facilitar el acceso de la ciudadanía a información relevante del sistema.
El nuevo modelo será financiado con recursos provenientes de la Adres, el Sistema General de Participaciones, el Presupuesto General de la Nación y otras fuentes que defina el Gobierno nacional. La implementación será progresiva, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal establecida en el marco fiscal de mediano plazo. La vigilancia y control del sistema estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud.
Finalmente, el Ministerio aclaró que la expedición del decreto no implica la eliminación de las EPS ni cambios en el actual esquema de aseguramiento.
