El magistrado Camilo Suárez Aldana, de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, exhortó al Presidente Gustavo Petro y ordenó al Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) reconfigurar la estructura operativa del Grupo de Acción contra Minas Antipersonas.
«Hoy está desdibujada, sin recursos ni capacidad instalada”, señaló el magistrado.
Precisó que “para nadie es este recinto y quiénes nos ven conocen la dinámica del conflicto en Colombia. Puede sonar muy triste lo que voy a decir, pero lamentablemente es nuestra realidad. En este momento que estamos aquí pueden haber mujeres, niños, mamás que están perdiendo sus piernas o sus vidas”.
Ante esta situación emitió la orden judicial para que ese grupo tenga un presupuesto desde el Gobierno Nacional.
También agregó que es indispensable recuperar y fortalecer la estructura de la Dirección de Acción Integral contra Minas, a cargo del Alto Comisionado para la Paz, en particular en lo relacionado con la definición urgente de líneas de incidencia legislativa y la gestión de recursos dentro del Plan Nacional de Desarrollo.
La decisión se tomó en el marco de la audiencia en la que se verifica si se cumplen las condiciones jurídicas y técnicas para emitir la sentencia y definir los proyectos restaurativos que deben cumplir los comparecientes de las FARC-E.
El magistrado Suárez también hizo un llamado al Gobierno para que asuma un compromiso y avance en esta reconfiguración para garantizar la implementación de esta línea de proyecto restaurativo priorizado en el proceso judicial en conversaciones con las víctimas.
Asimismo, se le ordenó establecer las líneas de cooperación internacional necesarias para fortalecer la Acción Integral contra Minas, aclarando que dicha cooperación no puede ser la única fuente de financiamiento de los proyectos de desminado.
