A pesar de que la defensa del expresidente Álvaro Uribe apelará la condena de 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, la jueza Sandra Heredia determinó que «inicie la ejecución de su sanción previo a que la decisión proferida cobre firmeza».
Consideró que supera «con creces los requisitos nominales de necesidad, tal como se procede a analizar».
La jueza Heredia consideró que es necesaria para asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos.
«Esta medida no solo tiene un efecto disuasivo e intimidatorio que previene la comisión de delitos respecto al implicado y los nacionales, sino que también evita la percepción negativa de la sociedad de que las personas pueden continuar gozando de su libertad pese a una condena», leyó.
El fallo indica que Uribe tiene un reconocimiento público y social, por lo que «permitir que continúe en el ejercicio de su libre locomoción, pese a la trasgresión ocasionada, concebiría la idea errada de que la igualdad ante la ley no preexiste en el ordenamiento».
«Su gran reconocimiento a nivel internacional, resulta fácil que podrá abandonar el país, para eludir la sanción impuesta», agregó.
Sin embargo, la operadora de justicia destacó la asistencia de Uribe en todo el proceso, además de comportarse con una actitud «responsable y respetuosa».
Uribe es el primer expresidente en la historia de Colombia condenado a prisión. Fue multado con $3.444 millones y debe cumplir una inhabilidad de 100 meses y 20 días.
