La Contraloría General de la República detectó irregularidades en 718 contratos que suman más de $758.000 millones, los cuales fueron suscritos con personas que tenían inhabilidades fiscales al momento de la firma.
Esta anomalía fue identificada gracias a un nuevo modelo predictivo de contratación desarrollado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari).
El análisis de la Contraloría cruzó las bases de datos de contratación pública (SECOP I y II) con los registros de responsables fiscales (SIBOR) entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de mayo de 2025. El resultado de este seguimiento puso en evidencia serios problemas en la contratación estatal.
Como resultado del cruce, se identificó contratación con responsables fiscales inhabilitados. En total, se registraron: 30 contratos en ejecución por 24 responsables fiscales, con un valor agregado de $20.247 millones.
También 688 contratos suscritos por 287 contratistas, por un valor total de $737.871 millones, quienes habrían estado inhabilitados al momento de la firma contractual. En estos casos, se observó que los contratistas resarcieron su obligación fiscal con posterioridad a la suscripción o que la ejecución del contrato finalizó antes de su exclusión del boletín SIBOR.
Adicionalmente, se evidenció que dos de estos contratistas habían sido previamente identificados en alertas emitidas por la Contraloría en vigencias anteriores, en razón de observaciones relacionadas con la ejecución contractual o situaciones de inhabilidad:
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Caja de Compensación Familiar del Caquetá, inhabilitada al momento de suscribir un contrato con la Fiscalía General de la Nación – Regional Centrosur, por un valor de $159.977.528.
Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar – Comfamiliar, inhabilitada al momento de suscribir un contrato con la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, por un valor de $47.949.700.
«La Contraloría General de la República emitirá las alertas correspondientes y continuará ejerciendo control fiscal concomitante y preventivo sobre estos casos, con el objetivo de advertir posibles riesgos en la contratación pública y promover el cumplimiento del régimen de inhabilidades», indicó el ente de control
