La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia valoró este jueves la primera sentencia restaurativa emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra 12 exmilitares, señalando que esta decisión «contribuye a superar posturas negacionistas» sobre violaciones graves de derechos humanos.
“Esta sentencia contribuye a superar posturas negacionistas sobre graves violaciones de derechos humanos, que revictimizan a las víctimas y provocan más dolor en sus vidas”, señaló la Oficina en un comunicado.
El fallo condena a los exintegrantes del Batallón de Popa a sanciones restaurativas de entre cinco y ocho años, tras ser hallados responsables de 135 asesinatos perpetrados entre 2002 y 2005 en el norte del país, hechos calificados como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El representante del Alto Comisionado en Colombia, Scott Campbell, subrayó la importancia de articular la justicia transicional con los sistemas de justicia étnicos. “La incorporación de saberes propios y el diálogo con las comunidades resultan esenciales para la dignificación y restauración de los derechos de las víctimas”, afirmó.
La decisión judicial reconoce la victimización desproporcionada sufrida por los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, así como por los consejos comunitarios Kusuto MaGende y José Prudencio Padilla.
Los exmilitares deberán participar en proyectos de reparación como la construcción y mantenimiento de memoriales y centros culturales, además de apoyar obras de infraestructura y espacios productivos en colaboración directa con comunidades indígenas y afrodescendientes.
La JEP, creada tras el acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las extintas FARC, busca esclarecer la verdad y ofrecer justicia restaurativa a las víctimas del conflicto armado.
