Las comunidades afrodescendientes e indígenas del país enfrentan una grave crisis humanitaria debido al confinamiento prolongado y el riesgo de desplazamiento generados por enfrentamientos entre las disidencias de las FARC, el ELN y el ‘Clan del Golfo’, denunció este jueves la Defensoría del Pueblo.
De acuerdo con el organismo, la situación afecta principalmente a comunidades del Bajo Calima, en el Valle del Cauca, y del sur de Bolívar, en el Magdalena Medio colombiano.
“Durante los últimos días hemos verificado en terreno el deterioro de la situación humanitaria y de derechos humanos que viven las comunidades del Bajo Calima y del sur de Bolívar. La persistencia del conflicto armado y la débil presencia institucional han provocado graves afectaciones humanitarias”, indicó la Defensoría en un comunicado.
En el Bajo Calima, la confrontación entre los tres grupos armados mantiene a la comunidad de La Colonia, perteneciente al Consejo Comunitario del Bajo Calima, en una crisis de confinamiento prolongado que afecta a 516 familias (1.419 personas).
La Defensoría constató la ocurrencia de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores y hechos de violencia sexual, especialmente contra mujeres y niñas. También denunció el uso de drones para ataques indiscriminados y la ocupación de viviendas y bienes civiles por parte de los actores armados ilegales.
Mientras tanto, en el sur de Bolívar la situación “se agrava día a día” por la disputa territorial entre el ‘Clan del Golfo’ y el ELN, sumada a la presencia de dos disidencias de las FARC.
“La Serranía de San Lucas se ha convertido en un epicentro de violencia generalizada, desplazamientos masivos, confinamientos y violaciones al Derecho Internacional Humanitario”, advirtió la entidad.
En lo que va de 2025, el Magdalena Medio ha registrado 27 emergencias humanitarias, con 15 desplazamientos forzados masivos y 12 confinamientos que han afectado a más de 15.200 personas.
La Defensoría destacó que mujeres, niños, niñas y personas mayores son las más afectadas por una violencia que vulnera los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Ante esta situación, el organismo instó a los grupos armados ilegales a cesar de inmediato las hostilidades y pidió al Gobierno nacional activar de manera urgente los mecanismos de respuesta humanitaria para proteger a las comunidades que permanecen en riesgo.
