El contratista Emilio Tapia fue capturado este jueves en Barranquilla por agentes de la Dijín de la Policía Nacional, en cumplimiento de la orden impartida por el Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá.
La decisión judicial ordenaba su recaptura inmediata tras revocarle la libertad condicional el pasado 10 de octubre, dentro del proceso por el escándalo de Centros Poblados.
En diciembre de 2024, Tapia había sido condenado a seis años y cuatro meses de prisión luego de firmar un preacuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, la nueva orden de captura se dio por una pena de 17 años por concierto para delinquir, al comprobarse su participación en el uso de garantías bancarias falsas y en irregularidades contractuales relacionadas con el proyecto de conectividad.
Según la investigación, Tapia recibió $6.182 millones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), de los cuales $1.118 millones fueron destinados al pago de empresarios que lo ayudaron a conformar la unión temporal que obtuvo el contrato por $70.000 millones, mientras que el resto fue utilizado en gastos personales.
Polémica por su libertad
La recaptura del contratista revive la controversia generada en septiembre, cuando la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico abrió una investigación formal contra la Juez Primera de Ejecución de Penas de Barranquilla, quien le había otorgado la libertad condicional.
En su momento, la Comisión señaló que Tapia fue señalado como el “cerebro” de la maniobra que permitió el anticipo de $70.000 millones mediante la presentación de falsas garantías bancarias por parte de la Unión Temporal Centros Poblados, dinero que posteriormente se extravió.
Ese contrato tenía como objetivo conectar a poblaciones vulnerables en zonas rurales del país, pero terminó convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción en el sector TIC de los últimos años.
