La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calificó este martes como genocidio la campaña de exterminio contra la Unión Patriótica (UP), partido político de izquierda víctima de una violencia sistemática entre las décadas de 1980 y 1990. La entidad imputó este crimen a cinco altos mandos retirados del Ejército, señalados como presuntos coautores dentro de una política contrainsurgente que, según el tribunal, tuvo la intención deliberada de destruir a la colectividad.
De acuerdo con la JEP, el ataque contra la UP constituye también crímenes de guerra y de lesa humanidad. La violencia dejó al menos 8.929 víctimas, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas, y 3.200 sufrieron atentados, desplazamientos, exilio, tortura, detenciones arbitrarias, judicializaciones infundadas y violencia sexual.
Los oficiales imputados son el mayor general Iván Ramírez Quintero, el brigadier general Rito Alejo del Río, y los tenientes coroneles Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez.
Un exterminio documentado
La decisión se sustenta en 34 informes institucionales, incluidos los de la Fiscalía, Procuraduría y Centro Nacional de Memoria Histórica, así como 29 informes de organizaciones de víctimas y 139 testimonios recogidos por el tribunal.
El análisis permitió establecer que la violencia fue masiva, permanente, extendida y territorialmente concentrada, dirigida contra toda la estructura del partido: liderazgos nacionales, regionales y bases locales. La JEP destacó que entre 1984 y 2002 no hubo un solo mes sin que un militante de la UP fuera asesinado o desaparecido. La persecución se registró en 427 municipios del país.
Un proyecto político truncado
La Unión Patriótica nació en 1985 como resultado de un proceso de paz impulsado por el presidente Belisario Betancur con la guerrilla de las FARC. Sin embargo, rápidamente se convirtió en blanco de una campaña de exterminio que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a condenar al Estado colombiano en enero de 2023. Como parte de esa sentencia, el presidente Gustavo Petro encabezó el 10 de noviembre pasado un acto público de perdón en Santa Marta.
La JEP subrayó que el genocidio contra la UP provocó un daño sistémico, que incluyó afectaciones a la institucionalidad, al ejercicio político y a la posibilidad misma de construir paz en el país.
