La Sierra Nevada de Santa Marta enfrenta una crítica situación de derechos humanos marcada por el avance de grupos armados ilegales, advirtió la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DDHH) en Colombia. El organismo calificó el panorama como una “tragedia de derechos humanos” que afecta de manera directa a comunidades indígenas y líderes sociales de la región.
De acuerdo con la ONU, durante 2025 se han documentado cuatro matanzas y ocho homicidios de personas defensoras de derechos humanos en municipios de este macizo montañoso ubicado entre La Guajira, Magdalena y Cesar, territorio ancestral de los pueblos kogui, arhuaco, wiwa (o arzario) y kankuamo.
El representante de la ONU en Colombia, Scott Campbell, expresó su preocupación tras una visita realizada entre el 1 y el 4 de diciembre, durante la cual recogió testimonios de comunidades que denuncian miedo, abandono estatal e impotencia frente a la violencia armada. “La población sufre profundamente. He escuchado su dolor y su desesperación ante la falta de protección”, señaló.
Uno de los casos más recientes ocurrió el 30 de noviembre, cuando fue asesinada en su vivienda Elizabeth Mojica, profesora indígena wiwa y defensora de los derechos de mujeres, niñas y niños, en la comunidad de La Laguna. Campbell condenó el crimen y pidió al Estado investigar, juzgar y sancionar a los responsables, así como reforzar las medidas de protección para la población civil.
A este hecho se suma el atentado contra el defensor de derechos humanos Misael Socarrás, registrado el 5 de diciembre, que para la ONU confirma que la situación en la región continúa deteriorándose.
Violencia contra mujeres y niñez indígena
El informe también denuncia violencias sexuales y de género contra mujeres indígenas, casos de desaparición forzada y restricciones ilegales a la movilidad, impuestas por grupos armados que fijan horarios y controlan el territorio. Además, se alerta sobre el uso de artefactos explosivos improvisados, que han provocado la muerte de al menos un indígena y heridas a otros miembros de la comunidad.
Campbell reiteró el llamado a poner fin al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, una práctica que calificó como crimen de guerra y delito en Colombia. “El reclutamiento infantil siempre es forzado y está prohibido”, enfatizó.
La advertencia se da en un contexto nacional de expansión territorial y fortalecimiento de los grupos armados ilegales. Ya en mayo, la ONU había alertado sobre el riesgo “real” de extinción física y cultural de los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los territorios más biodiversos y culturalmente significativos del país.
