Por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), una magistrada del Tribunal Administrativo de Bogotá ordenó el envío a prisión del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
La decisión fue adoptada por la magistrada Aura Rosero Baquero, luego de la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, que imputó a ambos exfuncionarios los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
Redes de corrupción y riesgo de rearticulación
En su decisión, la magistrada señaló que la Fiscalía logró acreditar que las conductas investigadas trascendían el ejercicio formal del cargo, y que estas se apoyaban en redes políticas, administrativas y relacionales previamente consolidadas, las cuales operaban a través de terceros.
“El riesgo radica en la capacidad de articulación e intermediación propia de estructuras complejas de criminalidad contra la administración pública”, sostuvo Rosero Baquero, al concluir que la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario resulta idónea, necesaria y proporcional.
La togada precisó que la decisión no se fundamenta en un riesgo inminente de fuga, sino en la necesidad de evitar la rearticulación de esquemas de corrupción, el direccionamiento contractual y la interferencia relacional, propias de organizaciones criminales de gran envergadura.
Señalamientos de la Fiscalía
Según la Fiscalía, Bonilla y Velasco habrían liderado una organización criminal que, entre 2023 y 2024, destinó presuntamente más de 612.000 millones de pesos para comprar congresistas a cambio de respaldo legislativo al Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Durante la audiencia, la fiscal María Cristina Patiño aseguró que los exministros “lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal”, impartiendo órdenes, coordinando reuniones y supervisando gestiones ilícitas tanto en el Instituto Nacional de Vías (Invías) como en la UNGRD.
De acuerdo con el ente acusador, entre mayo de 2023 y octubre de 2024, los exfuncionarios habrían dirigido 74 proyectos en Invías por 571.000 millones de pesos y cinco proyectos adicionales en la UNGRD por 40.500 millones, de los cuales siete llegaron a concretarse.
La decisión judicial marca un nuevo capítulo en uno de los casos de corrupción más graves que enfrenta el actual Gobierno y mantiene bajo la lupa el manejo de recursos públicos destinados a la gestión del riesgo en el país.
