El Centro Democrático presentó una acción de tutela con el objetivo de frenar el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, al considerar que se trata de una decisión arbitraria, improcedente y contraria a la Constitución Política.
La tutela fue radicada por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia y el director del partido, Gabriel Vallejo, quienes argumentan que el Ejecutivo estaría utilizando una figura excepcional para imponer nuevas cargas tributarias que afectarían directamente el bolsillo de los colombianos.
Según el partido, el decreto pretende “asfixiar a los ciudadanos con más impuestos para seguir financiando el derroche del Gobierno”, por lo que solicitan al juez constitucional suspender de manera inmediata los efectos de la emergencia económica.
En el documento, el Centro Democrático pide que la suspensión se mantenga al menos hasta que finalice la vacancia judicial y la Corte Constitucional pueda ejercer el control automático de constitucionalidad que exige la Carta Política para este tipo de decretos.
“Permitir que el decreto produzca efectos sin control judicial constituye un grave riesgo para los derechos fundamentales de los ciudadanos”, advirtió la colectividad.
Asimismo, la tutela solicita que el juez ordene al Ministerio de Hacienda y a la DIAN abstenerse de imponer, recaudar o exigir nuevos impuestos o cargas tributarias que se deriven del decreto, mientras se decide de fondo su constitucionalidad.
“El Gobierno no puede aprovechar una figura excepcional para imponer medidas fiscales que afectan directamente a los colombianos”, señaló el partido en su pronunciamiento.
El Centro Democrático también sostiene que la supuesta emergencia económica no responde a un hecho nuevo, imprevisible o sobreviniente, como lo exige la Constitución. Por el contrario, asegura que se fundamenta en problemas estructurales ampliamente conocidos, lo que, a su juicio, no habilita al Presidente para gobernar por decreto.
“Esto configura una extralimitación del poder presidencial y un uso abusivo de una herramienta diseñada para situaciones verdaderamente extraordinarias”, concluye la acción judicial.
