Un juez de la República admitió para estudio la acción de tutela interpuesta por el Centro Democrático, con la que se busca dejar sin efecto el decreto de Emergencia Económica y Social expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, decisión que pone al Ejecutivo contra el reloj.
La tutela fue presentada por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia y el director del partido, Gabriel Vallejo. Si bien el despacho negó la solicitud de suspensión inmediata del decreto, ordenó a la Presidencia de la República y al Ministerio de Hacienda pronunciarse frente a los cuestionamientos en un plazo máximo de 24 horas.
En la misma providencia, el juez decidió vincular al proceso a la Corte Constitucional y al Congreso de la República, con el fin de garantizar el debido proceso y evitar eventuales nulidades.
“Con el fin de integrar en debida forma al contradictorio y evitar futuras nulidades, se dispone vincular a la Corte Constitucional y al Congreso de la República de Colombia, para que presenten sus excepciones respecto a los fundamentos fácticos expuestos por quien funge como demandante y alleguen información relacionada con los hechos”, señala el auto judicial.
El despacho también lanzó una advertencia clara al Gobierno, al señalar que no responder dentro del término fijado tendrá consecuencias procesales.
“Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano lo pertinente, salvo que se estime necesaria otra averiguación previa”, indicó el juez.
La decisión abre un nuevo frente judicial contra la emergencia económica decretada por el Ejecutivo, mientras se mantiene la expectativa sobre la respuesta del Gobierno y el alcance que pueda tener este proceso en el desarrollo de las medidas adoptadas.
