Durante 2025, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) impuso sanciones por más de $35.715 millones a empresas prestadoras de servicios públicos en todo el país, tras detectar incumplimientos a la regulación vigente y vulneraciones a los derechos de los usuarios.
Las multas hacen parte de los procesos de inspección, vigilancia y control adelantados por la entidad en los sectores de energía, gas, acueducto, alcantarillado y aseo.
Energía y gas concentraron sanciones por más de $21.700 millones
En el sector de energía eléctrica y gas natural, las sanciones superaron los $21.712 millones.
En energía eléctrica se impusieron cinco sanciones, incluida una amonestación, y se resolvieron recursos que derivaron en multas por $7.594 millones, asociadas a incumplimientos en indicadores de calidad, fallas en la prestación del servicio, vulneración del debido proceso de los usuarios y omisiones en el reporte de información al Sistema Único de Información (SUI).
En cuanto al servicio de gas, se aplicaron 12 sanciones que sumaron $14.118 millones, principalmente por irregularidades en el mercado mayorista de gas natural, fallas técnicas, afectaciones al debido proceso y problemas en la distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
Acueducto, alcantarillado y aseo: más de $14.000 millones en multas
En los servicios de acueducto y alcantarillado, las sanciones superaron los $7.526 millones, debido a la falta de medidores de consumo, errores en la facturación, incumplimientos en la metodología tarifaria y deficiencias en la calidad del agua para consumo humano.
Por su parte, en el servicio de aseo, la Superservicios impuso multas por más de $6.475 millones, relacionadas con fallas técnicas, incumplimientos en la actividad de aprovechamiento, ausencia de permisos ambientales y reportes incompletos al SUI.
En conjunto, las sanciones en los sectores de acueducto, alcantarillado y aseo superaron los $14.000 millones.
La Superintendencia reiteró que estas actuaciones buscan garantizar el cumplimiento de la regulación y proteger el derecho de los ciudadanos a recibir servicios públicos con calidad, eficiencia y continuidad.
