El Gobierno nacional prepara la expedición de un decreto para desindexar el valor de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) del salario mínimo, con el objetivo de evitar aumentos especulativos en los precios de los proyectos habitacionales dirigidos a los hogares de menores ingresos.
Así lo confirmó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien explicó que actualmente el costo de este tipo de vivienda está atado al incremento del salario mínimo, lo que genera presiones adicionales sobre el mercado inmobiliario.
“Vamos a expedir un decreto de desindexación del valor de la vivienda de interés social y de la vivienda de interés prioritario, que hoy está atada al aumento del salario mínimo, para evitar un fenómeno especulativo en un sector clave para las familias colombianas”, señaló el funcionario en entrevista con W Radio.
Sanguino indicó además que el Ejecutivo, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y otras entidades, evalúa medidas complementarias para mitigar los efectos económicos derivados del reciente aumento del salario mínimo, especialmente en sectores sensibles como la vivienda y el empleo.
La iniciativa surge luego de que la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) advirtiera que el alza del salario mínimo podría incrementar hasta en un 10% el valor de la vivienda VIS, afectando su accesibilidad.
El gremio constructor también cuestionó la decisión del Gobierno de decretar el salario mínimo de forma unilateral, al considerar que carece de “sustento técnico suficiente” y que genera riesgos para el empleo formal, la estabilidad de precios y la asequibilidad de la vivienda en el país.
“El salario mínimo funciona como una variable de indexación para múltiples componentes de la economía, como tarifas, servicios, sanciones y costos de seguridad social, y de manera particularmente sensible, el precio de la vivienda de interés social”, alertó Camacol.
Con el decreto de desindexación, el Gobierno busca proteger el acceso a la vivienda de los hogares más vulnerables y reducir el impacto del salario mínimo sobre los costos del sector constructor.
