Las centrales obreras y confederaciones de pensionados anunciaron una jornada nacional de movilización para el miércoles 28 de enero de 2026, con el objetivo de defender en las calles el decreto que fijó el incremento del salario mínimo para este año y que actualmente enfrenta demandas ante el Consejo de Estado.
La convocatoria, que se realizará desde las 10:00 de la mañana frente a los palacios de Justicia en las principales ciudades del país, es liderada por el Comando Nacional Unitario, integrado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC) y la Confederación Democrática de Pensionados (CDP).
En un comunicado conjunto, estas organizaciones hicieron un llamado directo a “la clase trabajadora y demás sectores populares” para respaldar el decreto presidencial que estableció el nuevo salario mínimo para 2026, al considerar que se trata de una medida legal, constitucional y necesaria para garantizar ingresos dignos en un contexto de alto costo de vida.
Rechazo a demandas contra el decreto
Las centrales sindicales rechazaron lo que calificaron como una “ofensiva del empresariado y de gremios económicos”, a quienes acusan de intentar revertir el aumento salarial mediante acciones judiciales. En el pronunciamiento también se menciona a sectores políticos de oposición, señalando que buscan frenar un derecho adquirido por los trabajadores.
“Rechazamos de manera categórica los intentos de tumbar el salario mínimo decretado para 2026, promovidos por sectores que históricamente se han opuesto a mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora”, señala el documento difundido por el Comando Nacional Unitario.
Según las organizaciones convocantes, las demandas presentadas no solo desconocen el marco jurídico vigente, sino que ponen en riesgo el principio del salario mínimo vital, consagrado en la Constitución Política.
Argumentos legales y constitucionales
Uno de los ejes centrales de la movilización será la defensa de la facultad legal del Gobierno Nacional para fijar el salario mínimo cuando no se logra un acuerdo en la mesa de concertación. Las centrales recordaron que la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales establece este mecanismo como una salida legítima ante el desacuerdo entre empresarios y trabajadores.
“La ley es clara: ante la ausencia de consenso, el Gobierno está plenamente facultado para decretar el salario mínimo”, subraya el comunicado, en el que también se destaca que el decreto desarrolla el artículo 53 de la Constitución, el cual reconoce el derecho a un salario mínimo vital y móvil.
Las organizaciones sindicales sostienen que este principio ha sido sistemáticamente negado en gobiernos anteriores y que el aumento decretado para 2026 busca cerrar brechas históricas en materia de ingresos laborales.
