La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico profirió pliego de cargos contra la jueza Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón, por haber concedido en dos oportunidades la libertad condicional al empresario Emilio Tapia, condenado por delitos de corrupción.
De acuerdo con la decisión disciplinaria, a la togada se le imputaron cuatro cargos por los presuntos delitos de prevaricato por acción y por omisión, conductas que configurarían una falta gravísima, presuntamente cometida a título de dolo.
Tapia había sido recapturado el 31 de octubre de 2025 en Barranquilla, por agentes de la Dijín de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá. No obstante, la misma jueza que le había otorgado el beneficio de libertad condicional el 11 de abril de 2025 volvió a fallar a favor del empresario meses después.
En un fallo conocido el 16 de diciembre, la jueza Fernández Castellón reconoció a Tapia la parte cumplida de su condena, equivalente a 90 meses y 10 días de prisión, y le concedió nuevamente la libertad condicional por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días.
En la decisión, la funcionaria judicial señaló que se mantendría como caución prendaria la misma otorgada en el auto del 11 de abril de 2025, aunque exigió la suscripción de una nueva acta de compromiso, conforme al artículo 65 del Código Penal, teniendo en cuenta la modificación del periodo de prueba.
Cabe recordar que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico ya había abierto una investigación disciplinaria contra la jueza por la libertad condicional concedida en abril. Posteriormente, el 4 de noviembre, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial compulsó copias en su contra, al considerar que habría demorado y obstaculizado la recaptura de Emilio Tapia tras la orden judicial emitida en octubre.
El empresario, condenado por corrupción, fue beneficiado en dos ocasiones por la misma jueza, situación que ahora es objeto de un proceso disciplinario que podría derivar en sanciones, dependiendo de lo que determinen las autoridades competentes.
