El Comité Intergremial Unidos por el Atlántico reiteró su respaldo firme a las medidas anunciadas por el Gobierno nacional para el bloqueo inmediato de señales móviles en centros penitenciarios, una estrategia orientada a frenar la extorsión y las estafas telefónicas que se originan desde las cárceles del país.
De acuerdo con la agremiación, la decisión adoptada por el ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga Franco, responde a denuncias realizadas por autoridades de El Salvador sobre redes de estafas que operaban desde centros penitenciarios colombianos, particularmente desde la cárcel de Cómbita, y que afectaban a ciudadanos y comerciantes de varios países de la región.
Los comerciantes señalaron que este delito ha generado graves afectaciones económicas al comercio y al sector productivo, pero también ha dejado consecuencias humanas irreparables. Según el Comité, la extorsión telefónica ha derivado en amenazas, atentados, homicidios y otros hechos violentos contra comerciantes, empresarios, transportadores y sus familias, convirtiéndose en un serio problema de seguridad pública.
Para el gremio, la decisión de bloquear la señal en establecimientos penitenciarios como Cómbita, Valledupar y La Dorada envía un mensaje contundente contra la criminalidad organizada, contribuye a reducir la extorsión y ayuda a prevenir nuevos hechos violentos y homicidios asociados a este delito.
La presidenta del Comité Intergremial, Zandra López, sostuvo que la implementación de esta medida debe ser integral, permanente y extensiva a todos los centros penitenciarios del país, como parte de una política de seguridad que priorice la vida, la legalidad y la protección del aparato productivo.
Finalmente, López reiteró la disposición del sector gremial para continuar trabajando de manera articulada con el Gobierno nacional y las autoridades competentes, en defensa de la seguridad, el comercio, el empleo y la vida de los colombianos.
