El Gobierno Nacional radicó este martes un recurso de súplica ante el Consejo de Estado contra la decisión que suspendió provisionalmente el decreto que fijó en 23,7 % el aumento del salario mínimo para 2026.
La medida cautelar fue adoptada por el alto tribunal al considerar que el Ejecutivo no habría sustentado adecuadamente el incremento con base en los criterios técnicos y legales establecidos en la Ley 278 de 1996, que regula el funcionamiento de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
El argumento del Gobierno
El recurso fue firmado por representantes de los ministerios de Trabajo y Hacienda, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En el documento solicitan revocar la suspensión al señalar que el Consejo de Estado habría ido más allá de sus facultades en esta etapa procesal.
“El auto no se restringió a un juicio provisional orientado a preservar la eficacia de la sentencia, sino que adoptó una medida de máxima intensidad que reconfigura transitoriamente el régimen jurídico del salario mínimo, produciendo efectos materiales equivalentes a un pronunciamiento anticipado sobre el fondo del litigio”, señala el texto presentado por el Ejecutivo.
Según el Gobierno, la decisión judicial no solo suspende el decreto, sino que altera de manera inmediata los efectos económicos y jurídicos derivados del aumento.
Contexto político y económico
El recurso fue radicado un día antes de las movilizaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro en respaldo al incremento del 23,7 % del salario mínimo para 2026.
El aumento fue decretado en diciembre pasado, luego de que la comisión de concertación —integrada por el Gobierno, gremios empresariales y centrales obreras— no lograra consenso sobre el porcentaje de ajuste.
El Ejecutivo presentó la medida como la implementación del denominado “salario mínimo vital”. Con el incremento, el salario quedó fijado en dos millones de pesos mensuales, incluido el auxilio de transporte.
Ahora será el propio Consejo de Estado el que deba resolver el recurso de súplica y definir si mantiene o levanta la suspensión provisional del decreto.
