La jornada del próximo domingo 8 de marzo, además de determinar el rumbo político de nuestro país, será el punto de partida de los diferentes movimientos que quieren consolidar su protagonismo en el poder Legislativo. Más allá de su dinámica y de las controversias propias que se generan en épocas como esta, este proceso es quizá uno de los más enrarecidos del último tiempo por el tenso clima de polarización que se respira en cada rincón del territorio. El despliegue de 246 mil hombres de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de las elecciones evidencia que estaremos frente a un evento al que hay que prestarle toda la atención.
Amenazas y ataques armados contra candidatos, vandalización de sedes de campaña, ambiente de inseguridad en 185 municipios por factores indicativos de fraude y violencia (cifra entregada por la Misión de Observación Electoral), hostigamientos de grupos al margen de la ley, incautación de gruesas sumas de dinero en diferentes regiones para la compra de votos y otros fines, aspirantes a la Cámara y al Senado involucrados en procesos judiciales, cuestionamientos del sistema electoral por parte del presidente de la República, entre otras situaciones, han sido la constante de una contienda cada vez más encendida.
Frente a este panorama desalentador no podemos desconocer una conducta repetitiva desde hace décadas: la no participación de un amplio segmento de la ciudadanía en el ejercicio del derecho político de elegir a sus representantes. De acuerdo con la revista Portafolio (artículo publicado el 14 de marzo de 2022), muy a pesar de que el abstencionismo en las anteriores elecciones legislativas no logró sobrepasar el umbral del 50 % de la población apta para sufragar —la cifra alcanzada fue del 45,87 %—, esos comicios fueron los segundos más votados desde que entró en vigencia la Constitución de 1991, y eso ya es ganancia.
En nuestras manos está la decisión de empezar a cambiar cosas que ya no funcionan, y la crisis del sistema de salud es uno de los ejemplos más representativos. Actualmente, este modelo se encuentra en “cuidados intensivos” por su desfinanciamiento —cerró el año 2025 con pérdidas que ascienden a 7,3 billones de pesos—. Además, 1.500 pacientes fallecieron por falta de acceso y demoras en tratamientos, 2 millones de quejas (PQRS) contra la prestación del servicio y 318.981 tutelas (cifras entregadas por la Defensoría del Pueblo y otras fuentes estatales) demuestran la complejidad de un asunto que en los últimos años “tocó fondo”.
No podemos tampoco pasar por alto los indicadores negativos en materia de seguridad, que no solo impactan diariamente a las zonas rurales, sino a la mayoría de las ciudades, convirtiendo a Colombia en el segundo país con mayor presencia del crimen organizado en el mundo y el primero en Latinoamérica, según el informe de la firma internacional Global Organized Crime Index 2025, que mide y clasifica a los países según la prevalencia de la delincuencia organizada y la resiliencia de los Estados para superarla, que en el caso del nuestro ha disminuido. Este análisis va muy de la mano con el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre el incremento exponencial de cultivos ilícitos.
Aunque solo mencioné dos de los más graves problemas que afrontamos, considero que como ciudadanos debemos adoptar una actitud distinta frente a los procesos electorales. En un país marcado por grandes desafíos en materia de equidad, institucionalidad y desarrollo, resulta fundamental que las personas ejerzan este derecho de manera consciente, informada y responsable. Votar a conciencia no solo fortalece la democracia, sino que también contribuye a elegir liderazgos comprometidos con el bienestar colectivo y la construcción de una sociedad más justa, transparente y participativa.
¡Ejerce tu derecho! ¡No dejes que los demás decidan por ti!
