En la mañana de este miércoles, el Juez Segundo Penal Municipal con control de garantías, Néstor Segundo Primera, ordenó restablecer los derechos de Silvia Gette Ponce para asumir nuevamente la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe.
El togado consideró procedente catalogarla como víctima en el proceso relacionado con la elección de Ramsés Vargas Lamadrid como rector, ya que las actas de las reuniones para su nombramiento podrían haber sido falseadas, según información recabada por la Fiscalía. Los presuntos responsables de estas irregularidades ya fueron imputados.
Silvia Gette había sido condenada el 29 de mayo de 2019 por abuso de confianza calificada y agravada, tras transferir un millón de dólares de cuentas universitarias a una personal en Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia confirmó la pena en abril de 2022, que incluía 63 meses de prisión e inhabilidad para ejercer cargos. El juez señaló que la pena ya fue cumplida, por lo que no existe impedimento legal para que retome funciones.
“Una vez cumplida la pena no se le puede cercenar en la misma”, afirmó el juez, resaltando que el Estado debe garantizar la resocialización de los condenados y que los estatutos de la universidad no contemplan inhabilidad por sentencia que contravenga este principio.
El Ministerio de Educación, en audiencia, argumentó que Silvia Gette no podía ser considerada víctima, ya que cuando Ramsés Vargas fue nombrado recto, ella no estaba en el cargo y cualquier irregularidad afectaría a la entidad estatal. También alegaron que las medidas judiciales que enfrentaba la exrectora impedían su permanencia en la rectoría.
Por su parte, la defensa de los imputados en el proceso de fraude procesal sostuvo que la vía correcta para restablecer sus derechos debía ser laboral, no judicial, y que únicamente el Ministerio y la universidad podrían ser considerados víctimas.
A pesar de la decisión favorable a Silvia Gette, el Ministerio de Educación y la Universidad Autónoma presentaron recurso de apelación, que se sustanciará el lunes 13 de abril desde las 9:00 a.m. La Fiscalía y la defensa de Silvia Gette, así como la de Ramsés Vargas, se mostraron conformes con la decisión.
Imputación a miembros del Consejo Directivo
En noviembre de 2025, la Fiscalía 32 de Patrimonio Económico imputó a Ramsés Vargas Lamadrid y a los miembros del Consejo Directivo de la Universidad en 2013 por fraude procesal y falsedad en documento privado, relacionados con su elección como rector, pese a que no cumplía con los requisitos estatutarios y su nombramiento habría sido irregular.
Entre los imputados estuvieron Mariano Romero Ochoa, Paul García Visbal y Arturo González Peña, quienes no aceptaron cargos. Vargas Lamadrid fue imputado en contumacia. La Fiscalía señaló que el vicerrector debía asumir la suplencia durante la licencia de Gette Ponce, pero el Consejo eligió a Vargas Lamadrid de manera irregular, configurando los delitos mencionados.
En este proceso, Silvia Gette Ponce figura como víctima, tras haber sido retirada de la rectoría presuntamente de manera ilegal.
