Los fondos privados de pensiones solicitaron al Consejo de Estado ampliar la medida cautelar que suspendió el decreto que ordenaba trasladar $25 billones a Colpensiones, en el marco de la aplicación de la Ley 2381 de 2024.
El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, explicó que del total de recursos, $20 billones pertenecen a cerca de 100 mil afiliados que aún no cumplen los requisitos para pensionarse, mientras que otros $5 billones corresponden a personas que sí cumplen esas condiciones, pero que, según el gremio, también deberían permanecer en los fondos privados.
“Pedimos complementar la medida cautelar para que suspenda adicionalmente los otros $5 billones, porque afecta el sueño de millones de colombianos de pensionarse en el futuro”, afirmó Velasco.
El dirigente insistió en que estos recursos no están destinados a pagos inmediatos de pensiones, sino a generar rendimientos y fortalecer el ahorro pensional, por lo que advirtió posibles efectos negativos si se concreta el traslado.
Además, aseguró que los fondos privados no obtienen beneficios directos por retener estos recursos, al indicar que no cobran comisiones sobre los saldos administrados.
Contexto de la decisión judicial
La Sección Segunda del Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 415 de 2026, al considerar que podría contradecir lo establecido en la Ley 2381, la cual permite el traslado de afiliados a Colpensiones, pero mantiene los ahorros en los fondos privados hasta que se consolide el derecho a pensión.
El decreto del Gobierno ordenaba transferir los recursos en plazos de 50% en 20 días y el restante en 10 días, lo que motivó una decisión urgente del alto tribunal.
La corporación recordó que el Ejecutivo puede reglamentar las leyes, pero no modificar su contenido ni sustituir funciones del Congreso.
Reacciones del Gobierno
El ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó la decisión judicial y la calificó como una “victoria para los ricos”, al tiempo que cuestionó las implicaciones para los futuros pensionados.
El debate ahora se centra en la decisión de fondo que deberá tomar el Consejo de Estado sobre la legalidad del decreto y el manejo de los recursos pensionales en el país.
