La Gobernación del Atlántico ha logrado recuperar más de un millón de litros de agua en lo corrido de 2026, como resultado de operativos realizados en zonas rurales del departamento para combatir el hurto del recurso hídrico y garantizar su llegada a las comunidades.
Las acciones se han desarrollado en articulación con la Policía del Atlántico, el CTI de la Fiscalía General de la Nación y la empresa operadora Aqualia, permitiendo la intervención de más de 120 conexiones ilegales en municipios del sur y la zona oriental, utilizadas principalmente por fincas, actividades agrícolas y ganaderas.
De forma paralela, la administración departamental ha interpuesto 36 denuncias penales contra los responsables de estas prácticas, quienes ya enfrentan procesos judiciales.
El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, aseguró que los resultados reflejan una ofensiva institucional sostenida. “Se evidencia una acción decidida frente al robo de agua, con intervenciones y denuncias que marcan un precedente claro”, señaló.
El funcionario advirtió que estas prácticas afectan directamente la prestación del servicio, reduciendo la presión en las redes y comprometiendo el acceso al agua en zonas residenciales.
Por su parte, la secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico, Lady Ospina, destacó que el departamento ha invertido más de 1,3 billones de pesos en proyectos para ampliar el acceso al agua potable y mejorar la continuidad del servicio en el territorio.
“El agua potable es salud y calidad de vida. El robo de agua no afecta a la Gobernación ni a las empresas, sino a las familias que dejan de recibir el servicio”, afirmó.
Uno de los casos más críticos se registró en Luruaco, donde en una línea de conducción de 8 kilómetros se detectaron 27 conexiones ilegales, reduciendo el caudal de 22 a 5 litros por segundo y generando interrupciones en el suministro.
En Manatí, las autoridades identificaron 33 conexiones ilegales en fincas privadas, con un impacto de cerca de 1.500 metros cúbicos diarios de agua hurtada, pérdidas estimadas en 2.000 millones de pesos y afectación a más de 40.000 habitantes.
Desde el componente técnico, Aqualia explicó que estas derivaciones clandestinas alteran el equilibrio del sistema de acueducto, provocando caídas de presión, intermitencias y riesgos en la calidad del agua tratada.
La Gobernación del Atlántico reiteró que continuará con los operativos en todo el departamento para proteger el agua como bien público esencial y garantizar su distribución legal, continua y segura a la población.
