La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ordenó el desalojo del inmueble conocido como ‘Titos Bolos’, en el norte de Barranquilla, tras evidenciar una ocupación sin respaldo legal y una deuda que supera los $2.200 millones por concepto de arrendamiento.
De acuerdo con la entidad, el predio es ocupado actualmente por la Fundación Cristiana Latinoamericana de Colombia – Iglesia Vida Abundante, cuyos contratos vencieron el 10 de noviembre de 2025. Sin embargo, las actividades en el lugar habrían continuado sin autorización durante varios años.
La directora de Seguimiento y Control de Liquidaciones de la SAE, Constanza Jiménez, explicó que la medida busca recuperar el control del bien, proteger recursos públicos y garantizar su uso dentro del marco legal.
La entidad también advirtió que se habrían presentado irregularidades en el uso del inmueble, ya que pasó de tener dos locales autorizados a cuatro en funcionamiento, sin contar con contratos vigentes ni permisos.
En términos económicos, la SAE indicó que entre 2020 y abril de 2026 se acumuló una deuda superior a $2.227 millones, recursos que actualmente son reclamados a través de acciones judiciales en favor del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO).
El inmueble, de 4.533 metros cuadrados, está ubicado en una zona estratégica de la ciudad y en el pasado albergó reconocidos establecimientos comerciales. Posteriormente, pasó a manos del Estado tras un proceso de extinción de dominio.
Este caso hace parte de las acciones que adelanta la SAE para recuperar bienes ocupados de forma irregular y reincorporarlos a la economía formal, evitando su deterioro y pérdida de valor.
Por su parte, el representante legal de la Iglesia Vida Abundante, Fernando Bernier, cuestionó el procedimiento al asegurar que no han sido notificados formalmente. Según indicó, la supuesta orden de desalojo habría sido fijada en la entrada del inmueble por personas no identificadas.
El vocero advirtió que, de ejecutarse la medida sin cumplir los protocolos legales, podría tratarse de un procedimiento irregular con posibles consecuencias jurídicas.
