El candidato presidencial Abelardo De la Espriella lanzó fuertes críticas contra el auto firmado por la representante Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, mediante el cual se ordena la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro hasta el próximo 21 de junio a las 4:00 de la tarde.
A través de declaraciones públicas, el aspirante del movimiento Defensores de la Patria calificó la actuación como un “prevaricato monumental” y la describió como un “entuerto jurídico” que, según él, carece de sustento constitucional y legal.
De La Espriella sostuvo que la medida habría sido diseñada para permitir que el jefe de Estado participe activamente en la campaña presidencial sin las restricciones propias de su investidura. “Es un autoatentado legislativo diseñado a la medida para Gustavo Petro, para que pueda hacer campaña, salir tranquilo, mientras se victimiza y le prende fuego al país”, afirmó.
El candidato también aseguró que el mandatario busca influir en el desarrollo del proceso electoral y reiteró sus cuestionamientos sobre el comportamiento del Gobierno frente a las elecciones presidenciales. En ese contexto, sostuvo que Petro “no reconoce el resultado electoral” y lo acusó de intentar alterar las condiciones de la contienda.
Asimismo, señaló que la suspensión provisional formaría parte de una estrategia para eludir eventuales controles institucionales. En sus declaraciones, mencionó al exembajador y expresidente del Congreso Roy Barreras, a quien vinculó con la supuesta elaboración del mecanismo que cuestiona.
De La Espriella fue más allá al afirmar que el país enfrenta un supuesto “golpe de Estado tejido paso a paso”, por lo que pidió a los organismos de control pronunciarse de manera urgente sobre la situación. También solicitó a la comunidad internacional realizar seguimiento al proceso electoral colombiano.
La controversia se produce en medio del debate jurídico y político generado por el auto divulgado este miércoles. Sin embargo, varios integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación han señalado que el documento no ha sido radicado oficialmente ni discutido por ese organismo, por lo que su alcance y validez continúan siendo objeto de discusión.
