La representante a la Cámara Gloria Elena Arizabaleta Corral, de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, expidió este miércoles un segundo auto relacionado con la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro, modificando la decisión que había divulgado horas antes y que ordenaba apartarlo temporalmente del cargo hasta el próximo 21 de junio de 2026 a las 4:00 de la tarde por una presunta intervención en política.
En el nuevo documento, la congresista argumenta que la providencia inicial requería ajustes para garantizar el debido proceso, razón por la cual decidió adicionar actuaciones que no habían sido incluidas en la parte resolutiva del primer auto.
“Dentro del contenido de la parte resolutiva no se adoptaron decisiones que, en aras de garantizar el debido proceso, se hacen necesarias adicionar en la presente providencia”, señala el documento.
La medida deberá ser revisada por la Comisión
Como parte de las modificaciones, Arizabaleta ordenó remitir el expediente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que la decisión sea estudiada en sesión plena y sometida al trámite de consulta contemplado en el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019.
Asimismo, dispuso comunicar la determinación al presidente del Senado, Lidio Arturo García Turbay, para que, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 194 de la Constitución Política, adopte las actuaciones que correspondan frente a la medida.
La decisión se conoce en un momento de alta tensión política, a once días de la segunda vuelta presidencial, y ha generado múltiples reacciones tanto desde el Gobierno nacional como desde distintos sectores de la oposición.
Reacciones encontradas
El presidente Gustavo Petro calificó la actuación de Arizabaleta como una posible “extorsión”, al afirmar que la congresista le habría formulado solicitudes que su administración no aceptó. Incluso, pidió a varios ministros declarar ante la Corte Suprema de Justicia sobre esos presuntos requerimientos.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo que la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación no tiene competencia para suspender por sí sola al jefe de Estado y cuestionó el alcance jurídico de la medida.
Desde sectores de la oposición también surgieron críticas. Algunos dirigentes señalaron que la actuación podría convertirse en una estrategia para permitir que el mandatario participe de manera más activa en el debate electoral, mientras continúa la controversia sobre la validez y el trámite que debe surtir la decisión.
El nuevo auto reabre el debate jurídico sobre las facultades de la Comisión de Investigación y Acusación y sobre el procedimiento que debe seguir una eventual medida de suspensión contra el presidente de la República. Hasta el momento, no existe una decisión definitiva adoptada por la plenaria de esa célula legislativa ni por el Senado frente al caso.
