La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) emitió una alerta sobre varias propuestas del candidato presidencial Abelardo De la Espriella, al considerar que algunas de ellas podrían representar riesgos para el Estado social de derecho, las garantías democráticas y la protección de los derechos humanos en Colombia.
A través de un comunicado divulgado a pocos días de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, la organización señaló que existe preocupación por iniciativas planteadas en materia de seguridad, justicia e institucionalidad. Según la FIDH, estas propuestas deben ser analizadas por sus posibles efectos sobre las libertades civiles y los mecanismos de protección de derechos.
Entre los aspectos cuestionados figura la intención de implementar medidas inspiradas en el denominado “modelo Bukele”, que contempla la construcción de megacárceles y la adopción de mecanismos para agilizar las detenciones. La organización advirtió que experiencias similares en otros países han sido objeto de críticas por presuntas afectaciones al debido proceso y por el aumento de detenciones arbitrarias.
La FIDH también expresó inquietud frente a propuestas relacionadas con el fortalecimiento de operaciones militares y la reactivación de bombardeos aéreos como estrategia para recuperar el control territorial. A juicio de la organización, estas acciones podrían generar impactos humanitarios y plantear desafíos frente al cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Otro de los puntos señalados tiene que ver con la propuesta de retirar a Colombia de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Según la FIDH, una decisión de este tipo podría reducir los mecanismos internacionales de protección disponibles para las víctimas y limitar la capacidad de interlocución del país en escenarios multilaterales.
La organización igualmente manifestó preocupación por la posibilidad de eliminar, fusionar o reducir recursos a entidades vinculadas con la implementación del Acuerdo de Paz y la atención a las víctimas del conflicto armado. Entre las instituciones mencionadas figuran la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia para la Reincorporación, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La FIDH consideró que eventuales cambios en esta estructura podrían afectar los mecanismos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
El documento también hace referencia a investigaciones periodísticas publicadas por los medios Cambio y Vorágine sobre presuntos vínculos económicos y comerciales de Abelardo De la Espriella con personas investigadas o condenadas por corrupción y paramilitarismo, así como a una denuncia relacionada con un contrato suscrito en 2018 entre la firma De la Espriella Lawyers y Saludvida EPS. No obstante, la organización recordó que en estos casos rige el principio de presunción de inocencia.
Asimismo, la FIDH mencionó antecedentes judiciales relacionados con la libertad de prensa, entre ellos una decisión que ordenó a Abelardo De la Espriella retractarse por comentarios considerados violencia basada en género contra una periodista. La organización concluyó con un llamado a la sociedad civil para mantenerse vigilante frente a iniciativas que, en su criterio, podrían representar retrocesos en materia de derechos humanos.
