El Consejo de Estado ratificó el fallo que ordena al Ministerio de Minas y Energía y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) adelantar las actuaciones necesarias para modificar las fórmulas tarifarias del servicio de energía eléctrica con el propósito de reducir las tarifas que pagan los usuarios de la región Caribe.
La decisión confirma la sentencia emitida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Atlántico en agosto de 2024, la cual fue apelada por el Ministerio de Minas y la CREG.
Ordena avanzar en la modificación del régimen tarifario
En la providencia, el alto tribunal dispuso que las entidades demandadas deberán continuar y culminar el proceso administrativo para ajustar el esquema tarifario conforme a la normatividad vigente.
El fallo señala que se debe:
«Ordenar al Ministerio de Minas y Energía y a la CREG que continúen y culminen las actuaciones administrativas correspondientes, acorde con la normativa vigente, a fin de modificar las fórmulas tarifarias que contribuyan a la reducción y establecimiento de un precio justo para el servicio de energía eléctrica en la Región Caribe».
Además, el Consejo de Estado indicó que la CREG deberá implementar medidas orientadas a mejorar la eficiencia del sistema eléctrico.
Entre ellas, mencionó la modernización de la infraestructura, el fortalecimiento de la protección de la red, la medición real del consumo y la adopción de acciones que permitan una reducción efectiva de las pérdidas de energía, de manera que estos cambios se reflejen en la fórmula utilizada para calcular las tarifas.
Confirma el fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico
La decisión del Consejo de Estado deja en firme la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que había ordenado revisar el régimen tarifario con el objetivo de disminuir el costo del servicio para los usuarios del Caribe colombiano.
El proceso llegó a segunda instancia luego de que el Ministerio de Minas y Energía y la CREG interpusieran recursos de apelación contra el fallo inicial.
La acción popular fue promovida por tres personeros
El proceso judicial se originó a partir de una acción popular presentada por los personeros distritales de Barranquilla, Miguel Alzate; Santa Marta, Edwar Orozco; y Riohacha, Yeison Deluque Guerra, quienes solicitaron medidas para proteger los derechos colectivos de los usuarios frente al alto costo del servicio de energía en la región Caribe.
Con esta decisión, el Consejo de Estado mantiene la orden para que las autoridades regulatorias revisen el esquema tarifario y adopten las medidas necesarias para avanzar hacia un precio más justo del servicio de energía eléctrica en los departamentos de la región.
