El Tribunal Administrativo del Atlántico revocó la sentencia que había declarado la nulidad del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) de Puerto Colombia, con lo que este instrumento de planificación urbanística continuará vigente.
La decisión fue adoptada por los magistrados Óscar Wilches Donado, Jorge Eliécer Fandiño y Ángel Hernández, quienes concluyeron que el fallo proferido por el Juzgado Doce Administrativo Oral de Barranquilla «no se encuentra ajustado a derecho».
En la sentencia de segunda instancia, el Tribunal señaló que el juez de primera instancia no analizó el ‘Acta de concertación ambiental de evaluación del estudio de riesgos detallado complementario a la revisión general del PBOT de Puerto Colombia’, documento considerado fundamental dentro del proceso.
La corporación judicial precisó que los estudios complementarios presentados por el municipio y aprobados por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) permitieron corregir las deficiencias identificadas en el estudio básico inicial.
«Con los estudios complementarios entregados por el ente territorial accionado y aprobados por la CRA del Atlántico, se subsanó la falta de información referente al estudio básico inicialmente aprobado», señala uno de los apartes de la providencia.
Además, el Tribunal recordó que el parágrafo 3 del artículo 12 de la Ley 388 de 1997 autoriza a las administraciones municipales a corregir inconsistencias cartográficas, siempre que estas no impliquen modificaciones al articulado del PBOT.
El fallo de primera instancia
El 6 de agosto de 2025, el Juzgado Doce Administrativo Oral de Barranquilla había declarado la nulidad del PBOT de 2017 al considerar que no se cumplió plenamente la etapa obligatoria de concertación y consulta.
La decisión generó repercusiones porque este instrumento sirvió de base para el desarrollo de importantes proyectos urbanísticos en el municipio, entre ellos Ciudad Mallorquín, ubicado en el entorno de la Ciénaga de Mallorquín.
La demanda fue presentada por la Procuraduría General de la Nación, que argumentó que el PBOT fue adoptado mediante la modificación de un plan que había perdido vigencia desde 2012.
