El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, hizo un llamado al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y al Congreso de la República para construir una gobernabilidad sustentada en el diálogo, la deliberación y el respeto institucional, al advertir que las principales reformas del nuevo Gobierno requerirán consensos en el Legislativo.
Durante la rendición de cuentas del Congreso, realizada en Cartagena, Eljach señaló que la legitimidad otorgada por las urnas no es suficiente para garantizar la gobernabilidad, sino que esta depende de una relación permanente y funcional entre el Ejecutivo y el Congreso.
«La gobernabilidad democrática no se agota en la legitimidad del origen electoral del Ejecutivo, sino que depende de manera estructural de su capacidad para articular una relación funcional y sostenida con el Congreso», afirmó.
El jefe del Ministerio Público sostuvo que las reformas anunciadas por el Gobierno electo, entre ellas las relacionadas con el ajuste fiscal, la reestructuración del Estado, el sistema de salud y la política de seguridad, deberán surtir el trámite legislativo correspondiente para convertirse en políticas públicas.
En ese sentido, advirtió que cualquier intento de eludir el procedimiento legislativo ordinario carecería de validez jurídica.
Eljach también destacó que ninguna fuerza política cuenta actualmente con mayorías absolutas en el Congreso, por lo que consideró indispensable la construcción de acuerdos entre las distintas bancadas.
«La gobernabilidad democrática no depende exclusivamente de la voluntad política del Presidente de la República, sino, en igual medida, de la disposición del Congreso para deliberar y concretar acuerdos», expresó.
Finalmente, el procurador invitó a los sectores políticos a asumir la oposición y las diferencias ideológicas como elementos propios de una democracia y no como obstáculos para el funcionamiento de las instituciones.
Según indicó, las discrepancias deben resolverse a través de los mecanismos institucionales de deliberación y control, evitando bloqueos permanentes que afecten la toma de decisiones y el normal desarrollo de la democracia.
